El Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (ICAM) pagó a tres de los jueces que condenaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconoció a la Fiscalía a través de su defensa “ciertamente” haber cometido fraude fiscal.
La entidad, a su vez primera en presentar una querella contra el órgano jurídico por los hechos por los que Álvaro García Ortiz fue suspendido de empleo, ingresó 90 euros por hora a los togados Andrés Martínez Arieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, que dieron ponencias contratados por el ICAM coincidiendo con los días en los que se deliberaba el futuro del condenado.
Así las cosas, Martínez Arrieta recibió 180 euros por dos horas de trabajo, Del Moral -director del curso- 360 por cuatro, y Berdugo la misma cantidad. Además, el segundo ingresó otros 270 euros por haber coordinado las ponencias, lo que le deja un montante de 630 euros por tres días de trabajo.
Al finalizar la jornada, Arrieta se jactaba de ser el encargado de redactar la sentencia del fiscal general del Estado, un documento que a día de hoy sigue sin ver la luz. “Señores, con esto concluyo, que tengo que poner la sentencia”, emitía.
Acusación contra García Ortiz
El ICAM se dio mucha prisa en presentar una querella contra la Fiscalía por posible revelación de secretos en el caso que concierne a la pareja de la responsable de la administración Sol.
En mayo de 2024, el decano Eugenio Ribón ratificaba la denuncia después de que en marzo el organismo provincial emitiera una nota informativa en la que, indica, revelaba datos del correo electrónico que el empresario había enviado al organismo para alcanzar un acuerdo y evitar la pena de cárcel después de reconocer que había defraudado a la Hacienda Pública.
En las líneas, el Colegio de Abogados se basa en la nota de prensa, que se especula que podría ser la clave de la condena, interpretando que, junto a otros soportes “ofrecen indirectamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos” regidos por el artículo 417.2 del Código Penal.
El Colegio celebra la condena: “Independencia y firmeza”
A los varios comunicados pidiendo la condena de García Ortiz -llegaron a solicitar hasta cuatro años de prisión- el ICAM celebraba la decisión judicial alardeando de “independencia y firmeza” pese a la evidencia.
A pesar de que no hay una sola prueba contra el condenado y que todos los periodistas que pasaron por la sala judicial coincidieron en que éste no les había filtrado el mail, el Colegio de Abogados defiende que se corresponde con “un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho”.
“(…) El Alto Tribunal refuerza con su fallo la vigilancia de las garantías procesales que sustentan un proceso equitativo y respetuoso con los derechos fundamentales”, emplazaba, mientras que su decano apostillaba: “Todo sistema de Justicia digno de ese nombre se sostiene sobre fundamentos que no admiten dilución: el respeto al derecho de defensa, la preservación de la confidencialidad profesional y la lealtad procesal entre partes. Estas garantías no son concesiones, sino condiciones imprescindibles para que el ciudadano pueda enfrentarse al poder en condiciones de equilibrio y protección”.
“Cuando esas garantías se quiebran -como ocurre al vulnerarse la confidencialidad entre abogado y fiscal en el contexto de una posible conformidad-, lo que se resiente no es solo el caso particular: se debilita el modelo de Justicia que consagra nuestra Constitución. Porque si la transgresión de principios procesales esenciales no acarrea consecuencias, se abre paso una lógica donde todo vale. Y en ese escenario, lo que quiebra es el propio Estado de Derecho”, apostillaba.
Ribón anunció dos denuncias, una penal y otra administrativa, que perseguía la “identificación de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades” en relación a una posible revelación de “datos concretos”, “fechas y contenido de conversaciones y reuniones, producido todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrado”.
Primera institución también contra la amnistía
El reciente no es el único ejemplo en el que el Colegio, con 75.000 colegiados, se ha pronunciado en contra una decisión que podría debilitar al Gobierno central. Otro caso palpable fue el acuerdo para la amnistía de los políticos independentistas catalanes, cuando la entidad más grande de Europa de estas características también fue pionera en atacar el pacto entre PSOE y Junts.
Apenas horas después de firmarse la hoja de ruta, el ICAM se reunía de urgencia para sacar adelante una declaración institucional en contra de la rúbrica entre socialistas y los de Carles Puigdemont. Esto provocó las quejas de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) por entender que la decisión obedecía a una falta de neutralidad por parte de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid.
No deja de llamar la atención que lo que más preocupara al equipo de su decano fue el uso del término lawfare que aparecía en el acuerdo. “Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional”, defendió en aquel momento.
