Cuando se cumplen 150 días de la huelga más larga declarada por los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, este jueves se han dado cita en una protesta ante la sede del grupo Tragsa, donde se han vivido momentos de tensión con cargas policiales que han terminado en algunos profesionales heridos.

Según han precisado los convocantes y los propios bomberos en redes sociales, los agentes de Policía han cargado contra los manifestantes “desde el minuto uno” y con una “actitud violenta”. En cuanto a los bomberos que han resultado heridos, dos han sido trasladados al hospital, mientras que otros diez han sido detenidos tras las cargas.

Tal y como han difundido en redes sociales, los profesionales que han sido alcanzados por las caras han mostrado heridas en la cara y otras partes del cuerpo, así como los efectos causados por el gas lacrimógeno. “Es una vergüenza absoluta el trato recibido, Tragsa ha cruzado todos los límites. (…) Esto es inadmisible. Los bomberos forestales hemos sido totalmente maltratados”, han reprochado.

En los vídeos que han trascendidos, se aprecia cómo las fuerzas de seguridad cargan contra los manifestantes, haciendo un círculo rodeándoles y rociando sobre ellos el gas lacrimógeno, incluso a uno de ellos se ve cómo le reducen y se lo llevan detenido a dependencias policiales.

 

Huelga y reivindicaciones de los bomberos forestales, al detalle

En un comunicado difundido este miércoles, en la víspera de la manifestación a las puertas de Tragsa, el objetivo era “exigir a la empresa pública y a la Comunidad de Madrid la apertura inmediata de un proceso real de negociación que permita avanzar hacia un nuevo convenio colectivo -caducado desde 2012-, por fin a la temporalidad y establecer medidas eficaces de protección frente a agentes cancerígenos”.

Con el cumplimiento de ya 150 días de huelga consecutivos, la movilización es “una de las más largas de la historia reciente del sector público”, pero, pese a ello, denunciaron que “el conflicto sigue enquistado”. Según esgrimieron, Tragsa se niega a negociar con el Comité de Huelga argumentándose en que “la empresa está plenamente capacitada para firmar un convenio propio, tal y como confirmó la Autoridad Laboral en un informe emitido este verano”.

Con ello, y peso a los cerca de cinco meses de conflicto entre las partes, los bomberos forestales autonómicos aseguraron que sólo se han dado “reuniones puntuales en momentos de alta presión mediática”, con especial particularidad como los incendios forestales de verano, como fue el caso del declarado en Tres Cantos el pasado mes de agosto. “No han aportado ni una sola propuesta concreta”, lamentó el Comité de Huelga, a lo que también añadieron que el bloqueo institucional ya ha declinado en una situación de “peligro” para la próxima campaña de incendios.

Asimismo, acusaron a Tragsa de vulnerar derechos fundamentales de huelga y negociación colectiva, amparados en los artículos 37.1 de la Constitución Española y los artículos 6 y 8 del Real Decreto-ley 17/1977.

En cuanto a las condiciones laborales de los bomberos forestales madrileños, continúan denunciando pese a la prolongación de la huelga que perciben “alrededor de 1.300 euros mensuales por realizar labores de alto riesgo, desde la extinción de incendios forestales hasta trabajos con maquinaria pesada o la atención a emergencias diversas”. Pese a ello, Tragsa “encadena récords de beneficios y mantiene políticas de bonus millonarios a la dirección”, lo que tachan de un escenario “incompatible con la paralización total de la negociación”, criticó el colectivo.

Una situación que se suma a las competencias del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso en la materia, puesto que consideran que se incumple la Ley Básica del Bombero Forestal, que fue aprobada hace más de un año y aún no ha entrado en vigor. “Su desarrollo permitiría regular funciones, categorías profesionales y condiciones de protección laboral que siguen pendientes pese a las reiteradas demandas de la plantilla”, subrayaron en el comunicado.

“La negociación es la única vía. Lo que no es aceptable es seguir ignorando un problema que afecta de lleno a la seguridad ambiental y a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid”, concluyó entonces el Comité.

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