La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, intentó apuntar al Gobierno central como responsable de las pésimas condiciones de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, lejos del relato que desplaza culpas, la competencia sobre las condiciones laborales de los bomberos forestales que operan en Madrid es autonómica, y así lo han recordado tanto los trabajadores como responsables del Ejecutivo central.

Ayuso celebró en redes que el BOE publicase el nuevo convenio de Tragsa para las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) —las brigadas estatales que apoyan a las comunidades— y sugirió que por fin “el Gobierno” atendía las reivindicaciones de los brigadistas, ligando ese movimiento a las condiciones de los bomberos que trabajan en Madrid. Ese convenio afecta a personal del Estado, no a las brigadas forestales que dependen de la Comunidad de Madrid, cuyo marco y negociación corresponden a Isabel Díaz Ayuso.

Seguimos en la misma precariedad de siempre

Frente a ese encuadre, la cuenta de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid respondió en X —antes Twitter— con un mensaje breve y contundente: “Seguimos en la misma precariedad de siempre”. Es la enésima vez que el colectivo denuncia salarios bajos, temporalidad y jornadas extenuantes mientras atiende incendios en primera línea.

El intento de confundir BRIF (Estado) con BBFF (Comunidad de Madrid) es el núcleo del problema. Las condiciones de los bomberos forestales madrileños son responsabilidad del Gobierno autonómico, no del Ministerio. Así lo subrayó el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al recordar a Ayuso que “las competencias… las tiene ella”. En la misma línea, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE-M, remarcó que las mejoras publicadas en el BOE afectan a las brigadas del Estado, mientras que las de la Comunidad de Madrid “siguen con las mismas condiciones precarias”.

Desde noviembre de 2024 está en vigor la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, que fija un marco común de funciones, derechos y coordinación. Sin embargo, los trabajadores denuncian que no se está aplicando en las comunidades y, en particular, que Madrid mantiene la precariedad que arrastran desde hace años. La ley deja claro el reparto competencial en el que el Estado dicta bases y las CCAA ejecutan y organizan sus servicios.

Datos de precariedad en Madrid que Ayuso obvia

Los bomberos forestales llevan meses avisando de que la combinación de plantillas justas, sueldos que apenas superan los 1.000 euros y jornadas largas tendría consecuencias en plena campaña estival. Su diagnóstico se ha cruzado con una huelga que estalló en julio y que pausaron por los grandes incendios, mientras la Comunidad defendía públicamente que ya había “acuerdos” en junio.

El gran incendio de Tres Cantos —el peor balance en Madrid en seis años— dejó a la vista falta de medios y disputa política en plena emergencia. Mientras Ayuso presumía de inversión por hectárea y deslizaba acusaciones contra una huelga “politizada”, sindicatos y profesionales insistían en fallos de dotación y equipos. En ese contexto, la Comunidad incluso emplazó a Tragsa a negociar mejoras, pero, finalmente siguió esquivando su propia responsabilidad en fijar estándares mínimos. Con ello, trata de apropiarse de una mejora estatal como si fuese la solución al operativo madrileño y, a renglón seguido, culpar a terceros cuando el foco vuelve a la Comunidad.

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