La muerte mediática y política de la lucha de los bomberos forestales es la crónica de una muerte anunciada. Una vez superada la dramática campaña veraniega, los mismos políticos que se mostraban consternados por la ola de incendios y prometían mejoras a quienes arriesgaban sus vidas para combatirlos han incumplido, una vez más, su palabra. Sin embargo, aunque la gran mayoría de medios hayan desviado su foco, los servidores públicos siguen en pie de guerra en territorios como la Comunidad de Madrid, donde llevan 116 días en huelga indefinida.
Los bomberos forestales de Madrid detuvieron su lucha momentáneamente para dar respuesta a una crisis de incendio de la que llevaban advirtiendo mucho tiempo. Sin embargo, tienen claro que no volverán a ceder ante el chantaje que políticos como Isabel Díaz Ayuso y empresas como TRAGSA utilizaron para trasladarles cierta responsabilidad de la situación, cargando a sus espaldas la responsabilidad de una gestión inexistente por reclamar salarios dignos y condiciones laborales seguras y estables. “Huelga sin sentido”, la calificó la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Apenas se está haciendo prevención
Y volverá a pasar, como están advirtiendo a noviembre de 2025. ElPlural.com lleva en contacto con los bomberos forestales madrileños desde marzo de este año, cuando ya advertían del peligro y denunciaban su situación, después materializado, que tenía la no prevención de incendios en invierno, y estos apuntan en la misma dirección muchos meses después. “Están en peligro los trabajos preventivos para el próximo verano. Es muy complicado que salgan adelante y esté el monte mínimamente preparado para la próxima campaña si no se soluciona esto”, traslada Javier Villanueva, bombero forestal y miembro del comité de empresa.
“Apenas se está haciendo prevención y va a seguir así hasta que termine la huelga”, continúa explicando. Y es que no piensan ceder ante el maltrato de TRAGSA, empresa controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y responsable del operativo, y el desentendimiento del Gobierno autonómico pese al sacrificio económico que esta presión conlleva para los bomberos y sus familias, que resisten gracias a una caja de resistencia a la que puede colaborar cualquier ciudadano. “Seguimos en huelga indefinida porque la situación prácticamente no ha variado”, relata Villanueva a este medio.
En septiembre se fue al paro el 40% del operativo de bomberos forestales
Seguir igual, en el caso de los bomberos forestales de Madrid, es trabajar por salario que apenas superan los 1.200 euros netos, según las nóminas que ha podido consultar este periódico; no tener reconocida la categoría profesional, aunque la ley 5/2024 obliga a ello; sufrir un incremento impuesto de la jornada laboral de las 35 a las 37,5 horas, no respetando un derecho adquirido; y perder a la mitad de la plantilla una vez finalizado el verano, ignorando las labores necesarias de prevención o las excepcionalidades y la estabilidad laboral y económica de los trabajadores.
“En septiembre se fue al paro el 40% del operativo y el plan de reestructuración de las bases tampoco se va a ejecutar este año y a saber si en 2027”, expone el bombero forestal. “La Comunidad de Madrid prometió una subida salarial del 10% y estabilizar las plantillas, pero de momento no se ha firmado la subida y nadie espera una estabilización que llegue antes de mayo”, desgrana lo que considera “un brindis al sol”. A todo esto, además, hay que sumar el intento de “desgaste” de TRAGSA, que no está consiguiendo doblegar la huelga.
Apoyo mutuo frente a la precariedad
“Cobramos apenas 1.300 € al mes por jugarnos la vida y la salud; nuestro convenio colectivo está caducado desde 2012; sufrimos alta temporalidad, falta de protección frente a agentes cancerígenos y la no aplicación de la Ley del Bombero Forestal”, denuncian los bomberos forestales, a los que les sobran las razones para llevar casi cuatro meses en huelga. Huelga que, además, paralizaron para auxiliar a la población durante la ola de incendios. “Mientras tanto, TRAGSA se niega a negociar, pese a haber cerrado sus últimas cuentas con 87 millones de euros de beneficios y estar salpicada por casos de corrupción y enchufismo”, espetan.
La empresa pública y la Comunidad de Madrid son las únicas responsables de esta situación y lo serán, por omisión, de los incendios que puedan derivarse de la falta de prevención y cuidado de las plantillas de bomberos. “Después de uno de los peores veranos en superficie quemada, su falta de compromiso pone en riesgo la prevención de cara a la próxima campaña de incendios”, trasladan los profesionales. Un proceder contra los servicios públicos que no se detiene tan solo en la prevención de incendios.
“Esta lucha no es solo por nuestras condiciones, también es por defender unos servicios públicos de calidad, que garanticen la seguridad, la protección ambiental y la justicia social en toda la Comunidad de Madrid”, ensalzan. Una lucha que se está sosteniendo gracias a los sindicatos en los que se agrupan, a la solidaridad entre trabajadores y familias y a una caja de resistencia por goteo que han lanzado y que ya lleva recaudados más de 6.500 euros.
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