La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a la estrategia del “ciudadano particular”, término que utiliza para condenar que la investigación a su pareja forma toda ella parte de una persecución de la Fiscalía y del propio Pedro Sánchez.
Durante un tiempo, la lideresa regional cambió de estrategia señalando que Alberto González Amador nada tenía que ver con la Comunidad de Madrid. Ahora, nuevamente vuelve a indicar que es su vínculo personal el que fomenta la investigación, obviando que el propio empresario reconoció haber cometido un fraude fiscal por el que intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
“Esta es la España de Sánchez en 2025: un ciudadano, un fiscal y un lugar donde pone “Tribunal Supremo”. Dígame si son iguales las fuerzas y si hay derecho a que lleguemos hasta ahí”, ha defendido la administradora de Sol en una entrevista concedido al diario La Razón. En la misma conversación, a la pregunta de si se arrepiente haber asumido la defensa de su compañero sentimental, Ayuso ha añadido: “Hombre, si hubiera mandado correos en su defensa, hubiera insultado a los jueces, hubiera mandado a funcionarios a trabajar para él... En fin, si hubiera puesto al Gobierno de la Comunidad de Madrid a insultar a la jueza de instrucción. Si hubiera hecho algo de lo que hace el Gobierno, entonces sí podría plantearse que a lo mejor me he excedido en algo”.
La dirigente primera del PP en Madrid también ha sido preguntada por las palabras de Sánchez, cuando éste dijo que había jueces haciendo política. En este sentido, indicó que no habla de una cuestión que está en “cause judicial”. “No se me ocurre ni mencionarlo. Esto es lo que se me podría reprochar, y que nunca hecho, por pleno respeto al Poder Judicial”. A continuación, Ayuso ha vuelto a apelar a los “narcos dictadores”. “Algún mojito se le ha cruzado en tanto viaje ha dicho: ¿Por qué no hago yo lo mismo?”
Lo último del novio de Ayuso
En los últimos días, González Amador ha vuelto a actuar a la desesperada para tratar de evitar sentarse en el banquillo. Su defensa recurrió el veredicto la semana pasada con un escrito al que tuvo acceso ElPlural.com contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid junto a otra contra la denegación de diligencias por parte de la instructora, así como un tercer informe pericial con el que intentar desmontar las acusaciones de delito fiscal y falsedad documental que cerquen del todo al compañero sentimental de la lideresa ‘popular’.
Más concretamente, González Amador defiende que “para materializar su derecho de defensa” pidió a la magistrada la práctica de tres de ella que la jueza rechazó. Así las cosas, pide ahora a la Audiencia Nacional que la obligue a citar a declarar como testigos a dos de los empresarios que intentaron hacer negocios en Costa de Marfil con él. Asimismo, el objetivo es que el perito pueda ratificar en sede judicial su informe de forma conjunta con el de la Agencia Tributaria.
La defensa del novio de Ayuso mantiene que las dos declaraciones demostrarían cuál fue la “realidad” de los “servicios prestados” en el país africano por parte de su cliente. El informe pericial considera que, al margen de la forma de proceder -hay que recordar que el novio de Ayuso habría incurrido en dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental- , las facturas relacionadas con ese momento no incurrirían en un delito fiscal porque, asegura, las facturas no son falsas.
El Tribunal Supremo desestimó las demandas por llamarle “defraudador confeso”
El Tribunal Supremo (TS) desestimaba la demanda de protección que el compañero sentimental de la lideresa interpuso contra varias personas, entre ellas la vicepresidenta María Jesús Montero o el propio Pedro Sánchez.
El alto tribunal emitió en su sentencia que la crítica en la política, “guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días”. “Concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión pues las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, no se utilizan insultos o expresiones injuriosas y tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta)", prosiguió. Y manteniendo esta línea, indicó que las declaraciones están totalmente amparadas dado que “versan sobre una cuestión de interés general y afectan a un persona de relevancia social”.
