La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha vanagloriado de su gestión sanitaria en la red social X -antiguo Twitter-, amparándose para ello en la última encuesta que elabora periódicamente el Ministerio de Sanidad, el Barómetro Sanitario. Pero tiene truco.

La líder regional ha celebrado que el 86% de los ciudadanos hayan calificado como buena o muy buena la atención que reciben en sus centros de salud. Con este dato, que es real, la responsable de Sol se alegra de que “los madrileños respalden el trabajo de su sanidad y de sus profesionales”.

Sin embargo, y a pesar de que el número aportado es totalmente verídico, hay que leer la letra pequeña del documento, y es que éste hace justo lo contrario de lo que aplaude Ayuso, ya que deja en muy mal lugar el modo de hacer de la presidenta con la sanidad pública madrileña.

Hay que fijarse en el enunciado de la pregunta, que se basa sencillamente en la manera en la que los madrileños perciben el trato que reciben por parte de sus facultativos. Se trata de un interrogante muy concreto que solo habla de la profesionalidad de los sanitarios, en ningún caso de los problemas de sobra conocidos de este servicio y contra los que los trabajadores de este sector no se cansan de pedir soluciones, como pueden ser las largas listas de esperas, la falta de personal e incluso la remuneración.

En estas, si se baja un poco en la encuesta, se puede apreciar que otra de las preguntas que se hace es una valoración global (del 1 al 10) acerca del servicio público de atención primaria, uno de los apartados más vulnerables de la sanidad madrileña. Aquí, la Comunidad obtiene un 6,24, lo que significa la segunda peor nota de toda España. De hecho, la única región que la supera es Andalucía, también gobernada por el PP -en este caso de Juanma Moreno Bonilla-, que se queda cerca del 6 (5,98).

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La misma encuesta se topa con un dato aún más duro, que tira más por tierra la versión de la presidenta madrileña a la hora de intentar defender su gestión. Este pasa por otro de los apartados concretos que también ha traído de cabeza a la Consejería de Sanidad madrileña y que ha provocado protestas constantes contra ella y su Ejecutivo: las urgencias extrahospitalarias, las de los centros de salud, peor calificación recibe: un 6.

En este apartado influye el malestar por el cierre de este servicio durante la pandemia y que tantas y tantas quejas despertó (de hecho, Madrid fue la única autonomía que tomó esta medida) y la reforma de 2022, que hizo de estos puntos de atención, enfermerías, lo que provocaba que la ciudadanía tuviera que ir a un hospital para que les atendiera un médico.

Y las cifras van a peor según se revise de manera detenida el informe. Por ejemplo, la comunidad autónoma es en la que más personas responden que “nunca” son capaces de ponerse en contacto con su centro de salud, ni de forma presencial ni por vía telefónica: más de un 16% de los encuestados respondieron así.

Además, a una amplia mayoría les afecta “mucho” o, al menos, “bastante” lo que “está ocurriendo en los centros de atención primaria” (un 27,9%). Pero es que en cuanto a listas de espera es la tercera en la que los pacientes pasaron más de un día sin ser atendidos por su médico de familia desde que pidieron cita. A su 74% solamente le superan el 78,2% de Andalucía o el 79,2% de Canarias.

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Experta en tergiversar los datos sanitarios

Ayuso ha intentado contrarrestar el malestar de los profesionales sanitarios asegurando que es un invento de la izquierda, primero, y aportando datos que, si bien no son falsos, sí están tergiversados. Un ejemplo de ello es que la presidenta madrileña asegura que la sanidad de su comunidad es la mejor del continente a partir de un informe de la Unión Europea, el Índice de Competitividad Regional, que en realidad hablaba de la esperanza de vida o la tasa de suicidios.

Y al igual que ella, su equipo. Alfonso Serrano, su mano derecha en el PP de Madrid respaldó que la atención primaria de la región era la primera de España porque así lo había aseverado un “sello de excelencia” conocido como EFQM. Pero este obedece a un certificado expedido por una fundación con sede en Bruselas que ha evaluado a más de 3.000 organizaciones en los últimos 20 años y que concede el distintivo a cualquier entidad que pague.