Miles y miles de españoles mantienen diariamente una lucha contra fondos buitre, entidades bancarias, inmobiliarias y mega propietarios que hacen negocio especulando con sus viviendas. Una contienda totalmente desigualada y que se torna aún más injusta cuando de por medio está una administración. 38 familias del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz y otras 20 de Getafe, todas ellas residentes en viviendas de protección pública, protagonizan varios de estos casos, con la constructora Avintia y varias promotoras como parte enfrentada a los vecinos y la Comunidad de Madrid de por medio.
Desahucios en Torrejón
La problemática en Torrejón se remonta a 2015, cuando las familias accedieron a los inmuebles con alquileres con opción a compra. Pese a que denuncian que desde el principio tuvieron que realizar “sus propios arreglos” en las viviendas porque “la constructora no se hacía cargo” y pagar el IBI y los gastos de comunidad con recargo de IVA, lo que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, lo peor aún estaba por llegar. Siete años después, en 2022, sus contratos de alquiler finalizaron y Avintia les ofreció la opción de compra, pero sujeta a una ley del 2005 que ya no estaba vigente.
La razón de esta maniobra es que la norma obsoleta, que establecía que la venta de estos inmuebles se realizaba por el importe de la tasación más el 2%, era más beneficiosa para la propiedad que la de 2009 (tasación más 1,3%), pero elevaba el precio para los vecinos en torno a 100.000 euros de media. Todo se enreda al atender a los tiempos de realización calificación del terreno, que tardó siete años en pasar de provisional a definitivo, pese a que la ley establece un máximo de seis años de separación entre ambos trámites.
Aquí es donde entró la Comunidad de Madrid, que “en vez de exigir otra calificación provisional les hace un traslado de expediente”, relata Ruth Grass, concejala de Más Madrid, a ElPlural. Años después, a la hora de comprar la vivienda, Avintia les exige a los inquilinos la tasación inicial más del 2% alegando que era lo reflejado. Los vecinos decidieron unirse en una plataforma para negociar con la constructora mientras seguían pagando la cuantía de su alquiler. Sin embargo, esta les devolvió las cuantías y pasó a considerarlos okupas, interponiendo demandas de desahucio y por daños y perjuicios.
De su lado y presionando al Consistorio del Partido Popular (PP) para sacarlo de su inmovilismo se posicionaron formaciones como Más Madrid. Grass, parte del pleno municipal por esta formación, relata que en aquellos momentos la Constructora comenzó a jugar con el miedo de las familias y chantajearles con ofertas como la retirada de la demanda de daños y perjuicios si se realizaba la compra de la casa con sus condiciones. Mientras, las demandas de desahucios avanzaban y se fijaron algunas fechas de desalojo que, finalmente, nunca llegaron a producirse.
La presión de la compañía ha ido mermando la resistencia de las familias, que han ido cediendo en uno y otro sentido. “Las familias están cansadas de estar en un estado permanente de ansiedad, pensando que te van a desahuciar”, lamenta Grass. “Muchos vecinos se han ido”, lamenta los casos de desahucios silencioso, una práctica cada vez más extendida; “y otros han aceptado la compra con las condiciones de Avintia”, añade. No obstante, todavía queda una pequeña Galia que resiste en Torrejón y a grupa a unas cinco familias.
Desperfectos y cortes de suministros en Getafe
El caso de Getafe, enmarcado en el Plan Vive impulsado por Ayuso, no viene de tan lejos. La constructora Avintia, pese a sus problemáticas y conflictos, también es adjudicataria de esta y otras promociones, que posteriormente venden y gestionan otras empresas, sumando diversas compañías al entramado. Hasta 20 familias del municipio sureño de Madrid han sufrido cortes de luz porque Iberdrola asegura que la promoción, a cargo de Avintia, Sogeviso y Culmia, estaba enganchada ilegalmente a la luz desde el momento de la construcción, pero ninguna de las empresas da ahora solución a los afectados, que no sabían nada.
La constructora se ha lavado las manos en más de una ocasión, asegurando que no es su responsabilidad, pero posteriormente ha acudido a reuniones estériles para solucionar los cortes eléctricos, que también afecta al agua caliente, la aerotermia de algunos bloques y el alumbrado exterior. Por si esto fuera poco, los vecinos se han encontrado con un aluvión de goteras en las últimas semanas, coincidiendo con la sucesión de lluvias en la Comunidad y propiciadas por lo que los vecinos consideran desperfectos de obra.
El Ayuntamiento de Getafe ha puesto el grito en el cielo, pero la Comunidad de Madrid, lejos de actuar como responsable del “plan sobrevive”, ha decidido no hacer “absolutamente nada”, trasladan desde el Consistorio a este periódico. Es más, el consejero de Vivienda del Ejecutivo de Ayuso, Jorge Rodrigo, ha considerado que no tener luz, agua caliente o que se inunden garajes, portales y otras zonas comunes “son pequeños incidentes”. Esto ha agravado aún más el enfado y el descontento de los vecinos.
Los problemas de las infraestructuras todavía no han sido solucionados, garantizan fuentes del Ayuntamiento, y el consejero ha visitado una nueva promoción del Plan Vive en Getafe, pero no se ha acercado a los inmuebles afectados. Una situación dramática para unos vecinos que, además, se han encontrado que las supuestas viviendas asequibles con alquileres “un 30% por debajo del precio de mercado” están muy lejos de cumplir con los precios que prometió la Comunidad de Madrid.
¿De dónde viene Avintia?
Grupo Avintia es un gigante de la construcción relacionado con la Comunidad de Madrid desde antes incluso de su creación. Fue fundada en 2007 por Antonio Martín después de abandonar su puesto ejecutivo en Obrum, empresa adjudicataria del caso Púnica, en el que Martín fue imputado y, a enero de 2024, seguía investigado, según fuentes jurídicas. La compañía nació sin deuda, con una cartera de 40 millones de euros y gran parte de su plantilla procedente de la anterior empresa del creador, entre ellos importantes figuras como Juan Jesús González, antiguo Director de Planificación y Costes en Obrium y actual Director General Planificación y Organización Corporativa de Avintia.
David Marjaliza, el conseguidor de la trama Púnica, fue el que relacionó al fundador y presidente de Avintia con el intercambio de comisiones por adjudicaciones públicas en una de sus declaraciones (febrero 2018). "Ha situado en el acuerdo criminal al propietario actual de la sociedad Avintia, Antonio Martín Jiménez, que en la fecha de los hechos era ejecutivo de Obrum”, recogía el auto de Manuel García Castellón, que consideró que la declaración “reforzó la verosimilitud de los indicios”.
