Madrid Network, el gran chiringuito: qué sabemos y qué no de la cantera de Aguirre que contrató a Ayuso y Abascal y pagó a Montoro

El Tribunal Supremo ha forzado a Isabel Díaz Ayuso a abrir una de las cajas negras más resistentes del aguirrismo: las cuentas de Madrid Network, la entidad público-privada creada por Esperanza Aguirre en 2007 que gestionó casi cien millones de euros públicos y sirvió de trampolín político y económico para nombres como Ayuso, Abascal o Montoro. La Comunidad de Madrid había intentado mantener en secreto sus memorias durante años, alegando motivos empresariales, hasta que la Justicia ha cerrado la puerta a la opacidad.

El fallo judicial pone fin a una década de resistencia institucional. Madrid Network, nacida con el supuesto propósito de impulsar la innovación tecnológica y dinamizar el tejido empresarial madrileño, se convirtió con el tiempo en una estructura clientelar financiada con dinero público y sin control parlamentario. Su estatuto vinculaba la presidencia al consejero de Hacienda del Gobierno regional, un puesto que en sus inicios ocupaba Antonio Beteta, hombre de confianza de Aguirre y uno de los arquitectos de esta red de poder.

En apenas cuatro años, el proyecto absorbió más de 80 millones de euros procedentes de un préstamo estatal blando concedido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que la Comunidad de Madrid debía devolver a plazos. Sin embargo, desde 2018, el Ejecutivo autonómico dejó de abonar las cuotas de amortización, acumulando un agujero superior a 50 millones de euros que terminó cubriendo el propio erario madrileño. En paralelo, la asociación acumulaba impagos, proyectos fallidos y préstamos de dudosa justificación.

Del laboratorio de ideas al agujero financiero

El discurso oficial hablaba de hubs tecnológicos y competitividad empresarial, pero la realidad pronto mostró otra cara: Madrid Network actuó como un instrumento de colocación y recompensa política. Entre los beneficiarios figuran nombres hoy de primera línea. Isabel Díaz Ayuso trabajó allí entre 2008 y 2011 como asesora de comunicación, con un salario mensual de más de 4.200 euros netos. Según la documentación oficial, su función consistía en “redactar notas de prensa”, aunque su verdadera labor coincidía con los años en que manejaba la comunicación digital del PP de Madrid, incluida la célebre cuenta de Twitter de Pecas, el perro de Aguirre.

Aquel puesto bien remunerado fue el preludio de su salto a la Asamblea de Madrid en 2011, donde arrancó su carrera política. No fue la única en beneficiarse de ese ecosistema. Santiago Abascal también encontró acomodo en la estructura regional tras perder sus cargos en el País Vasco: primero como director de la Agencia de Protección de Datos madrileña, luego como responsable de una fundación vinculada al entorno de Madrid Network. En total, cobró más de 80.000 euros anuales de fondos autonómicos por puestos de libre designación, muchos de ellos sin actividad conocida. La red que impulsó Aguirre terminó siendo un refugio para cuadros del PP y un trampolín para futuros dirigentes conservadores.

Montoro y los contratos a su propio despacho

El entramado no solo sirvió para colocar a políticos. También engrasó relaciones empresariales entre altos cargos y consultoras afines. Entre 2008 y 2011, Madrid Network pagó 1,8 millones de euros al despacho Equipo Económico (EE), fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Los contratos se justificaron como “trabajos de asesoría para fomentar la innovación”, aunque nunca se han publicado informes que acrediten ese servicio.

El detalle de los pagos —revelado por investigaciones periodísticas y una auditoría policial en 2015— demuestra que el despacho cobró cientos de miles de euros anuales mientras su fundador era diputado del PP. Para entonces, el presidente de Madrid Network era Antonio Beteta, exsubordinado de Montoro en el Ministerio, quien volvería a estar bajo su mando en 2011, ya en el Gobierno de Mariano Rajoy. El caso ejemplifica el tránsito entre lo público y lo privado que caracterizó al aguirrismo, donde las puertas giratorias se convirtieron en norma.

En 2017, una denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción puso el foco sobre esas relaciones. El escrito apuntaba a un patrón de “contratación cruzada” entre organismos públicos y el despacho de Montoro. El exministro fue finalmente imputado en 2025 por varios delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción, tras destaparse nuevos contratos de su firma con administraciones gobernadas por el PP, entre ellas el Ayuntamiento de Almeida y el Ejecutivo de Ayuso, canalizados a través de la patronal CEIM.

El balance de una red sin control

Una auditoría del Ministerio de Economía ya había advertido en 2017 que 24 de los 35 proyectos financiados por Madrid Network fracasaron y que más de 67 millones de los 80 invertidos carecían de justificación. Muchos préstamos jamás fueron devueltos, otros acabaron en manos de empresas vinculadas a antiguos altos cargos del PP madrileño, como Manuel Lamela o Ildefonso de Miguel. En la práctica, la mayoría de las iniciativas se esfumaron sin dejar rastro contable ni resultados tangibles, y la Comunidad de Madrid asumió la deuda mientras la asociación continuaba existiendo de forma residual.

Entre los nombres que orbitaban en torno a la red figuran Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de Ayuso; el exministro Pedro Morenés; o empresarios como Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black e imputado en Púnica. También aparece Aurelio García de Sola, cuñado del marido de Aguirre y señalado en la misma trama. Todo un ecosistema de poder que se mantuvo con dinero público y fuera del control político y mediático durante años.

Las sombras que persisten

La sentencia del Supremo abre ahora una oportunidad inédita: la publicación completa de las memorias anuales de Madrid Network, ocultas durante más de una década. En ellas deberían figurar los nombres de las empresas beneficiadas, los importes de los préstamos y el estado actual de cada operación. Sin embargo, todavía quedan incógnitas: se desconoce el destino de millones de euros en gastos no justificados, el contenido real de los informes contratados al despacho de Montoro o los vínculos empresariales que unían a algunos adjudicatarios con el entorno político del PP madrileño.

Mientras tanto, el balance histórico es difícil de maquillar. Lo que nació como una red para “modernizar Madrid” terminó funcionando como una red de favores y supervivencia política, sostenida con dinero público. Quince años después de su creación, nadie ha asumido responsabilidades judiciales, muchos documentos han desaparecido y los principales protagonistas —Ayuso, Abascal o Montoro— han consolidado su poder político o mediático.

Madrid Network fue el gran laboratorio del aguirrismo: un modelo de gestión que mezcló ideología, dinero y lealtades, donde lo público se confundió con lo partidista. Ahora, la transparencia impuesta por los tribunales promete arrojar luz sobre lo que fue, en realidad, uno de los mayores chiringuitos políticos de la Comunidad de Madrid.