Los partidos independentistas perdieron las elecciones generales en Cataluña, sin embargo, las peculiaridades de la ley de d’Hondt y las complejidades de la democracia parlamentaria han acrecentado su peso político en el Congreso de los Diputados. ERC sigue de momento en su posición moderada frente a las negociaciones para reeditar la mayoría que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa; Junts, por el contrario, ha resucitado la república de la fantasía, algo alicaída en los últimos años, instalándose en el maximalismo, con la intención evidente de arrastrar a los republicanos a pedir la Luna aprovechando las urgencias del PSOE. A Pedro Sánchez le esperan días difíciles y noches sin dormir, tal como ha vaticinado la cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, y el mismo Carles Puigdemont.

Salvador Illa, el triunfador electoral, ha tardado poco en poner sordina a las exigencias de referéndum y amnistía, apelando a las obligaciones del estado de derecho. El primer secretario del PSC ayuda a Pedro Sánchez a alejarse de la presión inicial del independentismo, pese a la proclamación por parte del líder del PSOE de descartar la repetición electoral, cortándose aparentemente la retirada. Todo es muy precipitado y habrá que dejar asentar los márgenes de maniobra reales de unos y otros. De momento, Sumar no tenido mejor idea que encargar a Jaume Asens los contactos con Carles Puigdemont, seguramente teniendo muy presente que Asens es el estratega que convenció al expresidente de la Generalitat a huir de la justicia española y el ideólogo del abogado Gonzalo Boye.

En Cataluña poca gente cree sinceramente en la viabilidad de una próxima independencia de Cataluña, los únicos tal vez sean los actuales dirigentes de la desprestigiada ANC. Las urgencias de ERC y Junts son otras. Para los republicanos, mantenerse en la presidencia de la Generalitat, y para Junts resolver la situación de Puigdemont que constituye para el partido una esperanza y una amenaza a la vez. Puigdemont es una bandera de la resistencia al pragmatismo que muchos comparten en el seno de su partido (no todos, ciertamente), pero también puede convertirse bien pronto en un hándicap para la negociación de acelerar la justicia española ante la situación creada por el TGUE al retirarle la inmunidad parlamentaria. De hecho, los fiscales del TS ya promovieron esta operación hace unas horas. No es lo mismo sentarse en la mesa para dialogar con Puigdemont en Waterloo que en manos del juez Llarena.

Puigdemont aspira a demostrar con hechos irrefutables que su decisión de huir de la justicia fue mucho más inteligente y útil para el movimiento independentista que la de someterse a la justicia española, cárcel incluida. En otras palabras, que el residente en Waterloo fue más listo que Junqueras. Esta pretensión no es fácil de materializar ni está claro que esté en manos de ningún gobierno constitucional español permitirlo, aunque se juegue la investidura. Lo que puede ofrecer el estado de derecho en nombre de la reconciliación y la desinflamación del conflicto interno en Cataluña ya se comprobó en el caso de los condenados por el Procés. El indulto. Pero el indulto es la respuesta a una condena y ahí se complica todo para Puigdemont, que no parece dispuesto a recorrer este viacrucis.

La amnistía sería una salida política para evitárselo, aunque tal eventualidad ha sido negada por activa y por pasiva por el PSOE y el PSC, con el mismo énfasis con el que han descartado el referéndum de autodeterminación. Entonces, ¿cuál es el margen de negociación? ERC pide trenes y dinero para paliar el déficit financiero de la Generalitat. A Junts, el poder autonómico parece interesarle muy poco ahora que no lo tiene, aunque en algún momento de este proceso tendrá que aceptar que más vale poder en mano que república volando.

Junts no le quedará más remedio que subirse a los trenes de los republicanos o volver la vista a los clásicos, intentando tensar todavía más la cuerda con ERC para llevarlo a su posición o combatirlo abiertamente. Y los clásicos del nacionalismo catalán de primeros del siglo XIX lo tenían muy claro. Prat de la Riba acuñó la fórmula que después hizo suya Jordi Pujol y ahora estará releyendo Carles Puigdemont: la única manera de evitar la negociación siempre improbable para sacar ventajas de Madrid es “hacer encallar la maquinaria del estado centralista”. Durante un siglo largo, las ventajas fueron de tipo competencial, económico y cultural; ahora, el bloqueo institucional perseguirá avances materialistas para el soberanismo en particular.

La ventaja más fácil de conseguir de un estado encallado por los votos independentistas en el Congreso, probablemente la única, no es precisamente la proclamación de la república catalana, ni siquiera la amnistía y la autodeterminación, sino la formación de un gobierno PSOE-PP, por activa o por pasiva. Los dirigentes soberanistas no son unos ingenuos (algunos tal vez sí, pero no todos) y saben dónde están los límites de la Constitución y de la división de poderes, por eso su sueño más pragmático es el de un gobierno central que les confiera las máximas ventajas electorales para seguir detentando el poder autonómico en Cataluña, aunque en público lo denigren.