Juliá Álvaro, un exsecretario autonómico de Medio Ambiente y actual subdirector de la Entidad Valenciana de Vivienda, agita las redes sociales con mensajes incendiarios sobre la gestión de residuos. El pasado martes 9 de febrero en su Twitter personal, Julià Alvaro publicó un polémico mensaje, como ya ha realizado en otras ocasiones.
“Es difícil explicar mejor como envasadores, distribuidores de bebidas y supermercados (con Ecoembes en brazo armado) utilizan periodistas y gobiernos para seguir forrándose a costa de nuestra salud. Hoy es el COVID, mañana será el plástico que comemos. Leedlo, ¡¡¡por favor!!!”.
Ante estas graves acusaciones de un cargo público, desde diferentes ámbitos políticos y empresariales se preguntan por qué Álvaro, en vez de lanzar mensajes a través de Twitter, no da los nombres de “los envasadores, distribuidores de bebidas y supermercados que utilizan a periodistas y gobiernos para seguir forrándose a costa de la salud”.
Pero esta no es la primera vez que algo así ocurre e incendia las redes. Acostumbra a lanzar mensajes en tono extremista, sin la debida prudencia que cabe exigirle a un cargo público nombrado a dedo por una administración. Porque no solamente critica a los periodistas, sino que también pone en su punto de mira a los gobiernos. En sus redes sociales ha llegado a pedir la cárcel para los mandatarios de los gobiernos que “lleven políticas contra el planeta”, poco efectivas, desde su punto de vista. También las considera “tan despreciables como los crímenes de guerra”, razón por la que “les debería esperar la cárcel”.
Quién es Julià Álvaro
Julià Álvaro es licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas y trabajó en la televisión de Canal 9 hasta 2013, aunque su fama le ha llegado en su trayectoria política. Entre 2012 y 2018 fue portavoz de Els Verds-Equo, pero ya desde 2015 ocupó diferentes cargos públicos de la administración de la Comunidad Valenciana.
Tras las elecciones autonómicas de 2015, con la firma del ‘pacto del botánico’ entre PSPV, Compromís y Podemos, Álvaro asumió la secretaría autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático en la consejería de Agricultura, hasta 2018.
Ha provocado varias y serias desavenencias con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, por temas como su defensa a ultranza de polémicos proyectos como la ley para imponer el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), que fue rechazada a por comerciantes y consumidores, o el bloqueo a proyectos urbanísticos, lo que finalmente provocó su destitución en 2018.
Ese mismo año dejó sus cargos en Compromís por la ruptura con Mónica Oltra, y pasó a las filas de Unidos Podem, aunque siguiendo ocupando algún cargo público en la administración valenciana. Tras la destitución fue nombrado asesor de la vicepresidenta segunda de la Comunidad Valenciana, ya en representación de Unidos Podem.
La polémica le acompañó permanentemente al frente de la secretaría de Medio Ambiente. Contrató a Fernando Rodrigo como director de gabinete de la Conselleria. Rodrigo ocupó cargos de responsabilidad en el sindicato Comisiones Obreras, siendo director de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) entre el 2000 y 2012.
Rodrigo también es un entusiasta defensor del sistema SDDR en los foros públicos y dejó su cargo en 2017. Al tiempo, varios medios publicaron que, ese mismo año, Rodrigo aceptó pagos de al menos 5.000 euros de la asociación ecologista Retorna, que se financia directamente por el fabricante de las máquinas de depósito, la multinacional noruega Tomra.
