La jueza que investiga la DANA denuncia una verdadera campaña de acoso por parte de las defensas de los dos investigados -la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso-, a través de recortes de prensa repletos de insultos hacia ella y fotografías personales tomadas de forma ilícita, concretamente de ella, Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, Jorge Martínez Ribera, titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
Las defensas de los investigados presentaron primero quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para intentar apartar a la instructora, pero después han optado por dar credibilidad a informaciones de medios de comunicación cercanos al partido de Mazón sobre el supuesto papel del marido de la jueza en la instrucción de la causa.
La magistrada reprocha que los abogados “invocan constantemente” informaciones de un medio digital muy concreto en cuyo apartado de comentarios aparecen insultos hacia la pareja, una situación, la de los recortes de prensa, que recuerda a otras investigaciones como la del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. En su caso, fue el pseudosindicato Manos Limpias quien aportó las ‘pruebas’.
La gravedad de los hechos, más allá de que las defensas basen buena parte de su estrategia en recortes de prensa de periódicos cercanos al president de la Generalitat, pasa por el apartado de los insultos, donde se pueden leer exabruptos tales como “putita con toga”, “guarrilla”, “escoria” o “dictadores de Rumanía o Nicaragua”. “Hay que echarles mucho pesticida para erradicarlos”, llegan a decir.
“Valoren si los siguientes comentarios reflejan odio hacia mí, o hacia mi marido, si poseen efecto intimidatorio o coactivo, son vejatorios o poseen contenido machista u ofensivo respecto de cualquier mujer”, indica la jueza enviando una lista con los insultos.
Estos insultos no solo van dirigidos hacia la magistrada, sino también a las propias víctimas de la tragedia de la que está a punto de cumplirse un año. Así, acusan a familiares de estas de querer “más pasta” y se preguntan “cuántos van a llevarles flores a sus difuntos al cementerio”. “
Pruebas ilícitas
Al igual que los insultos, Ruiz detalla de qué manera se han obtenido las imágenes con su marido. Fue en una de las testificales, cuando el sistema Arconte -encargado de registrar las declaraciones- dejó de grabar que algunos de los letrados que había comparecido de forma telemática siguió conectado el sistema, consiguiendo así una conversación privada entre el marido de la magistrada y su hija.
Se desconoce quién actuó de esta manera, pero la letrada tiene claro que solamente pudo ser uno de los abogados o abogados de la causa que se conectaron aquel día. Entretanto, el abogado de Argüeso tenía claro que “era perfectamente conocedor de que tenían carácter ilícito, pero no en su difusión ulterior sino, lo que es más grave todavía, en su propia captación”. “Sabía que la grabación de Arconte había terminado porque fue el último que hizo uso de la palabra a través de Webex de la letrada Iulia Ivanistova”.
Un ensañamiento que viene de lejos
La actitud de este abogado con la jueza no es nuevo, sino que viene de atrás, concretamente de la decisión de la magistrada de expulsar precisamente al pseudosindicato de la causa por incompatibilidad entre su papel del defensa y las intenciones de la organización ultra de personarse como acusación popular. Cabe destacar que Bueno Manzanares, abogado de Argüeso, se presenta asimismo como el “abogado de referencia de Manos Limpias”.
La polémica defensa no termina aquí, y es que los letrados han ido incorporando a su línea de defensa algunas peticiones de diligencias que carecen de sentido o solicitado que la Letrada de la Administración de Justicia (LAI) acreditara si las resoluciones de la magistrada se elaboraron por ella misma. Esto es, que con esta solicitud se hizo eco de las teorías que circulan en digitales cercanos a los populares.
Vídeos y testigos clave
En lo que respecta a la investigación de la DANA, la jueza ha pedido en las últimas horas a la Conselleria de Emergencias que identifique a los dos técnicos que aparecen en los vídeos que conserva el departamento y en los que aparecen dando explicaciones a los investigados.
También acuerda la citación como testigo del jefe de explotación de la Plataforma operativa 112 CV y se dirige a RTVE de la Comunidad Valenciana para que remita al Juzgado una copia del vídeo con imagen y sonido del vídeo que se retransmitió el pasado 9 de octubre en el que Mazón informa a varia personas -en presencia de dos conselleras- de que se ha decretado una alerta hidrológica.
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