A las 15:00 horas del 29 de octubre de 2024, cuando la previsión meteorológica ya alertaba de lo que estaba por llegar en la provincia de Valencia, el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, ordenó la retirada de los bomberos que se habían desplegado entorno al barranco del Poyo en Picanya y Paiporta con el fin de medir el caudal y controlar la evolución de la DANA.
Una decisión que ha protagonizado uno de los debates más resonados en el grueso de la investigación, al señalar el ex alto cargo de Emergencias que lo hicieron “porque había ganas de comer”, aunque luego fue desmentido por los propios bomberos, y la justificación se reconoció alegando que el caudal había descendido.
Sin embargo, dado que la investigación que instruye la juez de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sigue su curso, este miércoles la magistrada ha ordenado centrar parte de sus pesquisas en la orden de retirada de los efectivos, citando a declarar como testigo a una de las responsables del cuerpo de bomberos. En el auto notificado a las partes de la causa, la juez ha solicitado también al Consorcio Provincial de Bomberos un informe en el que se especifique información relativa a la decisión de retirar a los bomberos del barranco del Poyo, así como de los trabajos que llegaron a realizar previo a ello. Así, ha solicitado conocer la hora a la que comenzaron los rescates y cuántos se efectuaron antes de las 15:00 horas, así como el lugar de las actuaciones.
La petición de la juez de Instrucción se produce después de que este martes M. Roldán, una jefa de Emergencias de la Generalitat Valenciana, declarara ante la magistrada que no sabía por qué el día de la DANA se ordenó retirar a los bomberos del barranco del Poyo, después de que se desplazaran a los municipios de Picanya y Paiporta a las 12:48 horas. La alto cargo de Emergencias señaló que esta operación quedó registrada en el Cordcom, una especie de caja negra donde se quedan registradas todas las decisiones importantes y cuyo registro también ha sido solicitado por la juez. Asimismo, añadió desconocer quién fue el responsable de dar la orden de retirada, correspondiente a Basset.
Segundo auto: solicitud a la CHJ
Paralelo al anterior auto, la magistrada que conduce la investigación ha atendido la petición que formulaba la defensa de la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) si había algún punto de control en el barranco del Poyo a la altura del municipio de Massanassa. Asimismo, ha solicitado la identificación de los trabajadores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que revisa los caudales, así como el listado de alarmas emitidas referentes al río Magro durante el día de la DANA.
Por otra parte, la juez ha pedido una copia de lo registrado en el Cordcom. Lo hace, concretamente, para conocer con precisión la llamada que hizo un trabajador de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con el Centro de Coordinación de Emergencias en la que el primero señaló que “las precipitaciones se iban a la Serranía de Cuenca”, unas palabras que también fueron sostenidas por el presidente valenciano a las 11:47 horas del día de la DANA.
Rechaza citar al secretario autonómico de Medio Ambiente
Por su parte, la juez de Catarroja ha anunciado también que rechaza la petición de la defensa de Pradas, con la que solicitaba citar a declarar en calidad de testigo a Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente del Ejecutivo valenciano.
En la exposición de motivos, la magistrada ha sostenido que este alto cargo “no presenció ni intervino en los hechos” y por ello, las declaraciones de Mérida sobre el “apagón informativo” de la CHJ “no poseen relevancia en el esclarecimiento”. Asimismo, también deniega la citación de un director general de la Consellera de Medio Ambiente, encabezada por Vicente Martínez Mus.
Este rechazo se produce después de que también haya comunicado su negativa a citar a la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, Maribel Vilaplana. Así, en una de las siete resoluciones firmadas este lunes, la jueza recuerda que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, es aforado, lo que impide avanzar por esa vía sin una tramitación especial. Vilaplana compartió mesa con Mazón el 29 de octubre en el restaurante El Ventorro, y su nombre había sido propuesto por una de las acusaciones personadas.
La solicitud, según indica el auto, “estaría relacionada con la localización y la actuación del President de la Generalitat durante dicho día”. La instructora hace alusión a las declaraciones previas de la exconsellera Salomé Pradas, quien mencionó sus comunicaciones con Mazón mientras testificaba. Sin embargo, y pese a esas referencias, la jueza considera que la comparecencia de la periodista no encajaría en el marco actual del procedimiento.
“De aceptarse dicha declaración testifical, el objeto de la investigación se desplazaría sustancialmente hacia la actuación del President de la Generalitat, lo que indicó, comunicó o quién, durante las horas que comió con la testigo”, señala la resolución. Y subraya con contundencia: “Ello no es factible, dado su condición de aforado”.
