Este martes la investigación que trata de esclarecer los hechos del pasado 29 de octubre, cuando la DANA arrasó la provincia de Valencia, ha incorporado una nueva declaración y ha avanzado un paso más en el ámbito de las alertas masivas que se enviaron a las 20:11 horas cuando el agua ya había devastado los municipios valencianos y se habían notificado múltiples fallecidos.
El actual jefe de Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, Juan Ramón C., ha acudido a declarar ante la juez de Catarroja en calidad de testigo. Preguntado por el contenido de la alerta que se envió a los móviles en la tarde del 29 de octubre, ha señalado que fue la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, la que le envió el contenido del ES-Alert y se lo remitió para que lo lanzara cuando ella le indicara. De este modo, el alto cargo de Emergencias señala que su función se limitó a transcribir en el sistema el mensaje que le proporcionó Pradas y traducirlo al valenciano.
Estas declaraciones se enmarcan en la investigación particular de la juez sobre el mensaje que se envió a la población. La juez de Instrucción ya consideró que el envío de este no solo fue tardío sino también erróneo al no avisar de que las personas se refugiaran en zonas altas, algo que ahora apunta de manera directa a Pradas, al ser la responsable del contenido. Asimismo, Juan Ramón C. ha añadido en esta línea que el ES-Alert no se envió hasta que Pradas dio el visto bueno.
Por otra parte, el jefe de Emergencias ha añadido ante la magistrada que no tiene conocimiento “de dónde viene” el texto del aviso, suponiendo que “saldría del CECOPI”. Asimismo, sobre el momento del envío de la alerta, Juan Ramón C. ha señalado que se encontraba acompañado por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, o Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, además de “mucha más gente mirando”. Sin embargo, según ha declarado, no tiene constancia de que en ese momento estuviera presente Emilio Argüeso, ex secretario de Emergencias e investigado en la causa.
La juez solicita las llamadas del 112
En esta línea de la investigación, la magistrada que instruye el caso ha solicitado recientemente información sobre las llamadas recibidas y no atendidas por el servicio de Emergencias 112 durante el pasado 29 de octubre. En concreto, la jueza solicita que se remita información sobre el origen geográfico de las llamadas, aunque descarta obtener la identidad de los números de teléfono desde los que se realizaron. La acusación popular, ejercida por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), había solicitado que se incluyeran detalles como la hora, el contenido de las llamadas y si estas fueron derivadas a otros centros de emergencias del Estado o si quedaron sin atender.
De esta forma, la instructora ha ordenado también incorporar a la causa una copia de la biblioteca de mensajes del sistema de alerta pública ES-Alert, junto con los documentos anexos redactados por un equipo de investigación liderado por un catedrático de Sociología. Esta información podría resultar crucial para comprender el alcance de las alertas emitidas y cómo se comunicaron a la población.
Entre otras cosas, la juez también ha solicitado una copia de una entrevista realizada en la Cadena SER al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, emitida el mismo 29 de octubre a las 12:21 horas. Se busca así recabar información oficial sobre la valoración de los hechos en tiempo real y la gestión de la crisis por parte de las autoridades. Sin embargo, de manera contraria la magistrada ha rechazado otras diligencias solicitadas por ACPV, al considerar que no aportan información relevante o que ya se encuentran documentadas en el procedimiento. Entre ellas, deniega la solicitud de un listado del personal de emergencias y sus números de teléfono, así como la entrega íntegra de las comunicaciones registradas en el sistema CoordCom entre el 24 y el 30 de octubre. En su auto, argumenta que una recopilación "indiscriminada" de comunicaciones incluiría datos personales y no permitiría un análisis individualizado útil para la investigación.
Tampoco ha sido admitida la petición de requerir a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias la copia de seguridad vinculada a la alerta emitida por la Generalitat Valenciana a las 20:11 horas del 29 de octubre. La jueza considera que esta diligencia no es necesaria, ya que las declaraciones testificales recabadas hasta el momento permiten conocer con precisión quién definió, activó y validó dicha alerta.
