La juez encargada de la instrucción del caso sobre la tragedia ocurrida durante la DANA del pasado 29 de octubre en Valencia ha acordado nuevas diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos y posibles responsabilidades. La decisión, dictada en un auto firmado este jueves, responde a una petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), y busca obtener información clave relacionada con la gestión de emergencias la noche en la que 228 personas perdieron la vida debido a las inundaciones.
Entre las nuevas medidas acordadas por la magistrada, destaca el requerimiento de información detallada sobre las llamadas recibidas y no atendidas por el servicio de Emergencias 112 durante esa noche. En concreto, la jueza solicita que se remita información sobre el origen geográfico de las llamadas, aunque descarta obtener la identidad de los números de teléfono desde los que se realizaron. La acusación popular había solicitado que se incluyeran detalles como la hora, el contenido de las llamadas y si estas fueron derivadas a otros centros de emergencias del Estado o si quedaron sin atender.
Asimismo, la instructora ha ordenado incorporar a la causa una copia de la biblioteca de mensajes del sistema de alerta pública Es-Alert, junto con los documentos anexos redactados por un equipo de investigación liderado por un catedrático de Sociología. Esta información podría resultar crucial para comprender el alcance de las alertas emitidas y cómo se comunicaron a la población.
La juez también ha solicitado una copia de una entrevista realizada en la Cadena SER al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, emitida el mismo 29 de octubre a las 12:21 horas. Se busca así recabar información oficial sobre la valoración de los hechos en tiempo real y la gestión de la crisis por parte de las autoridades.
Por el contrario, la magistrada ha rechazado otras diligencias solicitadas por ACPV, al considerar que no aportan información relevante o que ya se encuentran documentadas en el procedimiento. Entre ellas, deniega la solicitud de un listado del personal de emergencias y sus números de teléfono, así como la entrega íntegra de las comunicaciones registradas en el sistema CoordCom entre el 24 y el 30 de octubre. En su auto, argumenta que una recopilación "indiscriminada" de comunicaciones incluiría datos personales y no permitiría un análisis individualizado útil para la investigación.
Tampoco ha sido admitida la petición de requerir a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias la copia de seguridad vinculada a la alerta emitida por la Generalitat Valenciana a las 20:11 horas del 29 de octubre. La jueza considera que esta diligencia no es necesaria, ya que las declaraciones testificales recabadas hasta el momento permiten conocer con precisión quién definió, activó y validó dicha alerta.
Además, en una providencia aparte, la magistrada ha ordenado, a solicitud de Intersindical, la citación como testigo de un operador de comunicaciones del servicio de Emergencias que trabajó el día de la tragedia entre las 7:33 y las 14:22 horas. Su testimonio podría ayudar a reconstruir cómo se gestionó el flujo de llamadas y alertas durante las primeras horas del temporal.
En otra resolución notificada este jueves, la instructora ha dispuesto contactar con los hijos del matrimonio británico fallecido en las inundaciones para ofrecerles la posibilidad de declarar como perjudicados en la causa. También ha ordenado incorporar al sumario un artículo de divulgación científica firmado por un profesor de la Universidad de Vigo, así como cotejar los mensajes de WhatsApp entregados por el jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, quien ya ha comparecido como testigo.
