Según el Partido Popular, existe una “mano negra” tras la trama de los supuestos contratos erróneos por valor de 565.000 euros con la cadena hotelera Room Mate. Sin embargo, resulta llamativo que tales contratos pudieran ser ‘fake’ teniendo en cuenta la cantidad de filtros que ha de sortear la administración hasta publicar la adjudicación de la contratación de los servicios en el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el misterioso contrato respondía supuestamente al objeto de la “puesta en marcha y funcionamiento de hoteles, como espacios de uso residencial de personas mayores”. La adjudicación del contrato a la cadena del empresario Kike Sarasola fue sustituida en cuestión de horas; en esta ocasión el adjudicatario fue la Coordinadora del Tercer Sector, y la cantidad especificada 240.443 euros. La suma de ambos da como resultado una cuantía de 806.193,15 euros, cifra que coincide con la cantidad aproximada con la que la Comunidad esperaba cubrir el alquiler de dos establecimientos con capacidad para alojar a un centenar de ancianos y los gastos de los servicios asociados.

Habría que destacar que, hasta seis hoteles de la cadena Room Mate, estarían a disposición de la Consejería de Políticas Sociales, que dirige Ciudadanos, y de la Comunidad de Madrid con el objeto de reforzar la estructura sanitaria, alojar a personal sanitario o ancianos. Sin embargo, no es el caso del establecimiento en el que se aloja la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El hotel BE Mate Plaza España no se encuentra catalogado entre los establecimientos de urgencia que el Gobierno autorizó para alojar huéspedes durante el Estado de Alarma.

Sin embargo, volviendo al primer punto y refiriéndonos de nuevo al objeto de la adjudicación de los contratos, como especifican las bases para la contratación y publicación en internet de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Atención al Ciudadano ha de publicar, en primer lugar, los datos sobre el procedimiento junto con el archivo que contenga el texto del anuncio, los pliegos y, si se ha aportado, la documentación complementaria y habilita los enlaces para acceder a las aplicaciones informáticas necesarias para licitar por medios electrónicos. El anuncio, además, es publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, (BOCM). Primer filtro.

Por otro lado, en el caso de que la adjudicación de los contratos sea directamente negociada - como pudiera ser este caso sobre todo teniendo el cuenta el actual contexto de Estado de Alarma- se publica de forma separada. De hecho, como especifica la Comunidad, la remisión de los anuncios a la Subdirección General de Atención al Ciudadano para su publicación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se realiza simultáneamente al envío de los mismos a los diarios o boletines oficiales y van acompañados de la correspondiente resolución, propuesta o solicitud de publicación.

Atendiendo al primer procedimiento, para proceder a la formalización de los contratos se rellenan los siguientes campos: la denominación del contrato acompañada de los enlaces de descarga; se especifica el tipo de contrato; la entidad adjudicadora; el valor estimado sin I.V.A; el presupuesto base de licitación; el importe total; el plazo de ejecución del contrato y los puntos de información.

Una vez el documento ha sido examinado por los funcionarios encargados y, firmado por ambas partes involucradas, la adjudicación es publicada de manera provisional. Tras ser de nuevo revisada, se procede a su publicación definitiva en el BOCM. Una vez haya sido publicada en el BOCM, el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, traslada lo dispuesto en el boletín a su web. Allí, permanecerá disponible para su consulta.

En definitiva, el contrato hubiera pasado por innumerables manos hasta ser plasmado en la web, dónde permaneció el tiempo suficiente para hacer saltar las alarmas, generar un conflicto entre los dos partidos aliados en la Comunidad de Madrid y provocar el cese de Miguel Ángel Jiménez, el secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.