La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retado a Ciudadanos al ordenadar abrir una investigación interna en la Consejería de Políticas Sociales (liderada por el dirigente de la formación naranja, Alberto Reyero), para dilucidar por qué se subió a la plataforma de contratación supuestamente "por error" un falso contrato por valor de 565.000 euros a la empresa Room Mate, propietaria de los dos apartamentos de lujo donde Ayuso está viviendo el confinamiento,
"Aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido, casualmente, mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento que lo ha conocido lo han descolgado, a unas horas extrañas", ha dicho Ayuso.
En el PP están convencidos que hay una "mano negra" detrás de esta "persecución" que estaría en el equipo de Ciudadanos ya que a su entender "alguien avisó" del momento en el que se colgó ese "contrato fake" en la plataforma.
"Era imposible encontrarlo con un rastreo normal: había una errata en el nombre de la empresa", han denunciado desde el PP al diario 'El Español'.
De este modo, en el Partido Popular deslizan la idea de que en la consejería liderada por Ciudadanos se habría producido "falsificación de documento público" para posteriormente avisar a la prensa y atacar a Ayuso. Un delito que según señala el Código Penal en su artículo 390 estaría sancionado con penas de prisión.
¿Qué dice el artículo 390 del Código Penal sobre la falsificación de documentos públicos?
"Artículo 390:
Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
- 1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
- 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
- 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
- 4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos".
¿Quién puede cometer el delito de falsificación de documento público?
Ha de serlo una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones. El concepto de autoridad o de funcionario público viene legalmente establecido en el artículo 24 del Código Penal:
"1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas".
