El Partido Animalista PACMA ha interpuesto una querella ante el Juzgado de Guardia de Santander contra el Gobierno de Cantabria por presuntos delitos de falsedad en informes periciales, falsedad documental, prevaricación y maltrato animal.
La denuncia afecta al Director General de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio Cosío, y a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos Tarrero, a los que se responsabiliza de la aprobación y confirmación de la resolución del pasado 2 de abril que establece un cupo de extracción de lobos para la temporada 2025/2026.
El Plan de Gestión del Ejecutivo cántabro para el control de esta especie contempla el sacrificio de 41 ejemplares, el 20% del supuesto total existente en esta Comunidad autónoma si se multiplican las 23 manadas registradas en el censo por 9 integrantes cada una.
Sin embargo, estas cifras, han advertido de forma reiterada organizaciones como WWF, "están infladas' y no se corresponden con la realidad.
En esta línea PACMA apunta que los informes empleados para justificar la matanza de lobos podrían ser falsos o inexactos e ignoran que el estado de conservación del lobo ibérico en todo el territorio español es “desfavorable".
"Este dato, que figura en los informes remitidos por España a la Comisión Europea en el marco de la Directiva Hábitats, tiene carácter jurídico vinculante y no está sujeto a opiniones de jueces o tribunales", recuerdan desde la formación, al tiempo que subrayan que, por tanto, "no puede ser ignorado ni alterado en documentos oficiales como está ocurriendo".
A juicio de este partido, esta ocultación no obedece a un simple error técnico, sino que es "una vulneración directa e intencionada" del Derecho comunitario, que prohíbe expresamente la captura o muerte de especies cuando su estado de conservación es desfavorable. Esto hace que cualquier autorización de batidas o cupos de extracción no tenga validez legal y pueda ser constitutiva de un delito de prevaricación y falso testimonio por parte de los peritos.
Muerte de una camada de lobeznos
La querella se apoya en el caso puntual de una loba abatida el pasado mes de junio cuando acababa de parir, lo que provocó la muerte de toda su camada de lobeznos, un acto, denuncian desde PACMA que puede ser constitutivo de un delito de "maltrato animal con agravante de muerte".
El Partido Animalista ha solicitado como medida cautelar la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que permite seguir matando lobos en la comunidad, ya que si no se detiene la cacería se producirán "daños irreparables” para la especie. Es la misma medida que solicitó WWF en su denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, pero éste la desestimó.
Cifras infladas
Tal y como publicó ELPLURAL.COM el pasado mes de agosto, las cifras de lobos de las que habla el Gobierno de María José Saenz De Buruaga, no se corresponden con las realidad. Lo denunciaban desde WWF, que insistían en que, además de multiplicar por 9 las manadas, que ya es una cifra muy elevada, se estaban contabilizando cachorros que estaban en territorio de Castilla y León y manadas que no sabía si iban a reproducirse.
"La ciencia demuestra que mortalidades entre el 22 y el 29% causadas por el hombre hacen a las poblaciones entrar en declive", explicaba a este medio Luis Suárez, coordinador de conservación de esta organización internacional, que insistía en que "Cantabria no quiere contener la población, sino reducir el número".
Una cuestión política
Las razones, apuntaba este especialista, son claras y de carácter político y no científico. "Ha habido muchos daños", reconocía el coordinador de Conservación de WWF y "consideran que la manera de reducirlos es matando lobos, cuando no es así." "Para evitar daños, lo que tiene que hacerse es proteger el ganado y que el lobo no pueda acceder a él", zanjaba.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, siempre ha defendido que "para garantizar el sostenimiento de la ganadería extensiva es necesario el control poblacional" de esta especie. En esta línea, han negado que quieran exterminarlo, pero han incidido en la necesidad de apli
car estos cupos para que "se pueda convivir como se ha hecho toda la vida".
