El Plan de Gestión del Gobierno de Cantabria para el control del lobo contempla el sacrificio de 41 ejemplares, el 20% del supuesto total existente en esta Comunidad autónoma si multiplicamos las 23 mandas registradas en el censo por 9 integrantes cada una. Desde que se puso en marcha en abril, ya se ha acabado con 21 lobos.
Sin embargo, estas cifras, a juicio de WWF, están infladas' y no se corresponden con la realidad. "Multiplicar por 9 las manadas ya es hacerlo por un número muy alto, teniendo en cuenta que a nivel europeo la cifra aceptada es 7", explica a ELPLURAL.COM Luis Suárez, coordinador de conservación de esta organización internacional. Pero, incluso, pasando por alto esto, hay otros factores importantes a tener en cuenta. Según reconoce la propia administración cántabra, del total de manadas, "hay cinco, cuyos cachorros se encuentran en Castilla y León" y "otras cinco que no se reprodujeron el pasado año y no se sabe qué va a pasar este", lo que implica que,, con mucha probabilidad, el número de ejemplares en Cantabria es inferior al estimado por el Ejecutivo de María José Saenz De Buruaga.
Esto se traduce en que el porcentaje de animales sacrificados sobre el total estaría por encima del 20% establecido, lo que pone en riesgo, insisten desde WWF, la especie. "La ciencia demuestra que mortalidades entre el 22 y el 29% causadas por el hombre hacen a las poblaciones entrar en declive", enfatiza Suárez. "Cantabria no quiere contener la población, quiere reducir el número", denuncia.
A todo esto puede añadirse un factor más. La Comisión Europea precisa que hay que evaluar toda la población biológica de la especie, lo que en este caso implicaría población ibérica (España y Portugal), y establece en 500 el umbral de manadas necesario para garantizar la viabilidad a largo plazo de la especie. Sin embargo, en nuestro país hay 333, y no se llega a 400 si incluimos el territorio luso. "La ciencia es muy tozuda, nos gustará ese dato o no , pero es así", precisa Suárez, que recuerda que ese umbral de seguridad está ampliamente aceptado por la comunidad científica, y se ha fijado como el mejor criterio disponible para evaluar el estado de conservación de la especie. La cifras evidencian, por tanto, un estado de conservación desfavorable en España y "no tiene sentido hablar de que es favorable en una determinada región".
Desde WWF recuerdan, además, que en ese cálculo tampoco se puede obviar la variabilidad genética de la especie, un aspecto vital en su conservación y la población ibérica presenta la menor diversidad genética, el coeficiente de endogamia más elevado y la riqueza alélica más baja, lo que podría comprometer su capacidad adaptativa y su viabilidad a largo plazo.
Según el censo nacional publicado en 2025, la población de lobo apenas ha aumentado en la última década y la tasa de subida ha sido la más baja desde que se inició la recuperación de la especie en los años 70.
Una cuestión política
El por qué la administración cántabra no parece preocuparse por estas cifras, a juicio de WWF, está claro y tiene que ver con razones políticas y no científicas. "Ha habido muchos daños", reconoce el coordinador de Conservación y "consideran que la manera de reducirlos es matando lobos, cuando no es así." "Para evitar daños, lo que tiene que hacerse es proteger el ganado y que el lobo no pueda acceder a él", expone.
Esta organización ya ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que tendrá que pronunciarse sobre el asunto, si bien, lamenta, "no ha concedido medidas cautelares".
Pese a ello, recuerda, ya existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Castilla y León, al igual que sobre el Tirol austriaco y Estonia que establece la prohibición de aprobar cupos de caza o de muerte de lobos mientras la especie se encuentre en ese estado desfavorable, algo independiente al reciente cambio legal que ha dejado el lobo fuera del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas).
El Gobierno autonómico defiende el control
El Gobierno de Cantabria, por su parte, defiende su actuación. Esta misma semana, la concejala de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha insistido en que es "necesario el control poblacional del lobo para garantizar el sostenimiento de la ganadería extensiva".
Así, ha precisado que en 2024 se produjeron un total de 2.681 ataques certificados en animales por daños del lobo , aunque ha recalcado que en la región "ni el Gobierno ni los ganaderos queremos exterminar al lobo". "Estamos hablando del control para que se pueda convivir como se ha hecho toda la vida", ha dicho, incidiendo que "es lo único que estamos pelando y es lo único que vamos a seguir haciendo y reclamando".
