Un total de 21 millones de euros. Esta es la cantidad que el Gobierno Balear va a dedicar al Plan de Segregación Lingúistica exigido por Vox.
El dinero irá destinado a 19 colegios, todos ellos concertados, que ya imparten muchas horas en castellano. "Cada uno percibirá más de un millón de euros, a pesar de que no existe estudio alguno de necesidades", advierte el diputado del PSIB-PSOE Álex Pitaluga, que también subraya que la partida ni siquiera está incorporada a los presupuestos generales de 2025. "PP y Vox aprueban medidas que condenan al catalán a desaparecer del espacio público, arrinconando la lengua propia en beneficio de la lengua hegemónica”, denuncia.
En este sentido, critica que los 'populares' hayan aceptado "devaluar la enseñanza pública en favor de la educación concertada" y destacaca que las cuentas presentadas ahora no cambian ni una sola cifra con respecto a las del pasado mes de noviembre.
Recortes en la pública
El Ejecutivo de Marga Prohen no solo va a destinar esa importante cantidad al programa de la ultradrecha, sino que también va a reducir las inversiones destinadas a la enseñanza pública. Según ha precisado el socialista, el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) pasa de contar con 54 millones a 44, es decir 10 menos.
La partida para la gratuidad de las plazas de infantil también baja en casi otra decena; se recorta de los 36 a los 25 millones, cantidad muy poco superior a la partida de la segregación exigida por el partido de Santiago Abascal, y los gastos de funcionamiento en centros públicos pierden otros dos millones. La Formación Profesional no sale mejor parada. Mientras aumenta el dinero para los concertados bajan de 26 a 9 millones las aportaciones a la Dirección General de FP, al tiempo que se reduce el dinero que va a parar a "muchos programas concretos, como el Convivèxit", detalla Pitaluga.
Cierre de plazas de 0 a 3
A estos recortes se suma, según denuncia la Plataforma 'La Pública No es Toca', el cierre de aulas de 3 años en al menos 9 centros. Las matriculaciones han descendido de cara al próximo curso 2025-2026 en algunos municipios y la agrupación sospecha que el Ejecutivo del Partido Popular va a aprovecharlo para eliminar grupos. Sin embargo, apuntan, lo que se debería hacer es aprovechar esta situación para "mejorar las ratios actuales y el sistema educativo", muy tensionado en los últimos años.
La Plataforma asegura tener conocimiento del cierre de aulas de 3 años los siguientes centros de las Islas Baleares: CEIP Marian Aguiló, CEIP Son Rullan y CEIP Es Molinar de Palma, CEIP Porta des Moll de Alcúdia, CEIP Climent Serra i Servera de Porreres, CEIP Duran i Estrany de Llubí, CEIP Galatzó de Capdellà, CEIP Pedra Viva de Binissalem y CEIP Sa Blanca Dona de Ibiza.
La asociación pide al Gobierno de Marga Prohens que "mantenga los grupos actuales, reflexione y revise el modelo hacia el que se dirige", el cual, recalcan, "en ningún caso es el de una escuela pública de calidad". A estos añaden que la justificación por motivos económicos es totalmente "inaceptable", teniendo en cuenta "los 21 millones de euros dirigidos al Plan de Segregación Lingüística, "a pesar que el año pasado solo se utilizó uno".
Un plan fracasado en 2024
El proyecto estrella de la ultraderecha que permitió hacerse con las riendas de las Islas Baleares a Prohens contó ya con un presupuesto de 20 millones de euros en 2024. Sin embargo, la medida fue un fracaso. Solo 11 centros de los más de 300 que hay en Baleares se adhirieron al programa. Todos concertados y privados.
Se sumaron entonces a la iniciativa los siguientes colegios: Nuestra Señora de Montesión, Can Bonet, Mare de Déu de les Neus, Sant Vicenç de Paül-Sa Vileta, San Alfonso Maria Ligorio, Santa Mònica, Nostra Senyora de Consolació de Ibiza, Nostra Senyora de Consolació de Alaró, Nostra Senyora de Consolació de Palma, Aixa-Llaüt y Juan de la Cierva.
De espaldas a la comunidad educativa
El grupo socialista ha presentado una batería de enmiendas consensuadas, defienden, con la comunidad educativa (sindicatos, FAPA, colegios de docentes, asociación de directores y directoras de centros y la Asamblea 0-3) dirigidas a mejorar la práctica educativa, aumentar las medidas sociales de inclusión y favorecer la igualdad de oportunidades y la equidad. Todas ellas han sido rechazadas.
