La extrema derecha española está tratando de capitalizar el descontento de agricultores y ganadores en beneficio propio. La estrategia no es nueva, ya ha pasado en los años pasados, pero ahora hay un dirigente especialmente volcado en la búsqueda de anclarse como una imagen de un movimiento, que, no obstante, ya le ha dado la espalda en más de una ocasión. Se trata del vicepresidente de la Junta de Castilla y Leñon, Juan García Gallardo, quien, cada vez que tiene oportunidad, no duda en acercarse a las protestas para hacerse la foto y prometer medidas de apoyo al sector primario que sabe que no podrá cumplir.

El último ejemplo es el de este viernes, cuando el dirigente ultra se acercó a un grupo reducido de agricultores y ganaderos en las tractoradas para indicarles que Vox está con ellos, que es imposible hacer “negocio verde con números rojos” y que él intentará reducir la burocracia en el sector del que tanto se quejan los manifestantes. No obstante, entre las peticiones del agricultor que ejercía de portavoz del grupo apareció una demoledora para Gallardo: que la ley de cadena alimentaria se cumpla.

Esta ley, que el Ejecutivo ha prometido reforzar para asegurar que el sector primario no venda a pérdidas, fue aprobada el 2 de diciembre de 2021 en el Congreso de los Diputados y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 del mismo mes. La ley, definida entonces por el ministro de Agricultura, Luis Planas, como “la más importante para el sector agroalimentario de la legislatura”, fue aprobada gracias al bloque plurinacional que apoyaba a la coalición de Gobierno entonces conformada por PSOE y Unidas Podemos. De hecho, la derecha, que ahora trata de esconder aquel resultado, se opuso a una normativa que precisamente persigue y asegura que los agricultores no trabajen a pérdidas.

El Gobierno promete reforzarla

Fue el pasado miércoles, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados del año, cuando el presidente Sánchez anunció que el Ejecutivo, escuchando las demandas de las tractoradas, se comprometía a dotar de más presupuesto al campo español, reforzando la ley de cadena alimentaria y reduciendo, además, la burocracia.

Concretamente, Sánchez destacaba entonces el despliegue de 1.380 millones de euros en ayudas directas, otros 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España y 4.800 millones de euros en ayudas a las explotaciones agrarias ligadas a la Política Agraria Común (PAC).

Con todo ello, el presidente del Gobierno aseguraba que se reforzarían los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y se simplificaría la burocracia relacionada con la PAC, dos de las grandes reclamaciones de agricultores y ganaderos.

Gallardo, ridiculizado por segunda vez

No es la primera vez que el vicepresidente de Castilla y León, número dos del dirigente popular Alfonso Fernández Mañueco en el Ejecutivo de la Junta, es ridiculizado por los agricultores que están manifestándose y cortando carreteras por toda España en protesta por sus condiciones laborales.

Fue el pasado martes cuando Gallardo, acompañado de una pequeña delegación de personas cercanas, se acercó a personas descontentas con la situación. De hecho, los agricultores, conscientes de las motivaciones del dirigente ultra, le afearon la actitud: “menos palabras y más hechos”. “No hacéis nada ninguno”, “menos palabrería”, “jeta, a la foto, no”, “no nos utilices, jeta” o “que ahora gobernáis y no hacéis nada” fueron algunos de los gritos que el de Vox tuvo que escuchar mientras sonreía de forma nerviosa consciente del ridículo que estaba sufriendo.

Una relación, la de Gallardo y el sector primario, que no ha funcionado desde el principio. Cabe recordar que al principio de la legislatura el vicepresidente prometió que los ganaderos podrían seguir haciendo negocio con sus vacas con tuberculosis, saltándose de esta forma los protocolos de seguridad de la UE. Lógicamente, cuando se vio que esto era completamente ilegal, muchos ganaderos exigieron rendición de cuentas a Gallardo con sonoras protestas ante las Cortes de Castilla y León.