La Junta hace luz de gas mientras la oposición arrincona a Moreno Bonilla y la empresa del programa de cribados

La oposición eleva la presión sobre Juan Manuel Moreno Bonilla y el Gobierno de la Junta de Andalucía para que explique el fallo del programa de prevención que provocó que 2.317 mujeres andaluzas – según números del Ejecutivo – no fueran informaran de que su cribado de cáncer de mama tenía un diagnóstico no concluyente. El ambiente en el sur del país se caldea y la región es un polvorín para el presidente autonómico, máxime después de que El País desvelara este sábado que el origen de los problemas se sitúa en la orden que se dio a los profesionales del Hospital Virgen del Rocío a principios del año 2022, cuando la Consejería de Salud estaba en manos de Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento. Se dejó de informar a las pacientes por carta o teléfono porque el sistema informático, gestionado por la firma japonesa NTT Data, lo haría de forma telemática. Pero eso nunca ocurrió y, a pesar de ello, desde el gabinete del presidente resucitan la estrategia de señalar a la administración anterior – de signo socialista – como origen. “También se estaban produciendo fallos”, aseguran.

En el PP han optado por hacer luz de gas como vía de escape a la crisis de los cribados del cáncer de mama, máxime tras las últimas averiguaciones publicadas por El País. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, lo ha trasladado así ante los micrófonos de la Cadena SER. Si bien ha explicado que se está trabajando “para corregir los errores que se hayan podido producir”, ha tirado de intuición para señalar a la herencia socialista recibida como principales responsables. “Probablemente incluso en la etapa del Gobierno anterior, que ahora es el que más denuncia el caso, también se estaban produciendo fallos”, espetaba, al tiempo que subrayaba que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “colabora plenamente” con la Fiscalía en el marco de la investigación abierta tras las denuncias de la asociación Amama.  

El consejero de Moreno Bonilla, en este sentido, defiende la “legitimidad” de la asociación para presentar denuncias por presuntas irregularidades en la gestión del programa, pero precisa al mismo tiempo que “el hecho de denunciar no significa que lo denunciado sea cierto”. Es más, señalaba que “será la Justicia” quien tenga la última palabra y “determine si hubo o no responsabilidad”. Palabras del consejero de Justicia que intentan rebajar el tono de la crisis al certificar que la Junta es la primera interesada en resolver el asunto y “aclarar todo lo ocurrido” con el Ministerio Público.

Lo cierto es que en el PP siguen tirando balones fuera, fruto del estado de “nerviosismo” que este asunto ha provocado en el seno de los conservadores andaluces, según sugieren fuentes parlamentarias consultadas por ElPlural.com. Ello explicaría que el propio Nieto haya señalado a las administraciones socialistas basándose en una suerte de sexto sentido: “Intuimos que los errores no se han producido ni hace un año ni dos, sino que probablemente incluso en la etapa del Gobierno anterior también estaban ocurriendo. Estamos trabajando en corregirlos”, rematan desde la Junta, mientras insisten en que la empresa NTT Data “sólo realiza tareas de mantenimiento del sistema”, sin responsabilidad alguna en la comunicación de los resultados. Así lo expone Mercedes Acebal, portavoz de seguimiento del plan de cribado, quien precisó que la empresa nipona “no utiliza la herramienta ni tiene contacto con los pacientes”, sino que se limita a “mantenerla operativa para que los profesionales puedan usarla”.

Presión máxima de la oposición

El caso ha provocado una fuerte reacción en los grupos de la oposición, que reclaman responsabilidades políticas y transparencia sobre el papel de NTT Data. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, acusó al Gobierno andaluz de “ocultar su responsabilidad” y recordó que la orden de 2022 fue una “decisión política consciente” que dejó a cientos de mujeres sin información médica crucial.

Desde Adelante Andalucía, su líder José Ignacio García señaló directamente al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y a la entonces consejera de Salud, Catalina García (actual titular de Medio Ambiente): “Ambos deberían rendir cuentas, porque eran responsables cuando se tomó la decisión de dejar de informar a las pacientes”.

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE andaluz, Ángeles Ferriz, fue más allá y criticó la privatización del sistema informático, que originalmente había sido desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). “Después de culpar a las mujeres, al jefe de servicio y hasta a María Jesús Montero, ahora parece que el nuevo responsable es una empresa privada. Queremos saber qué contrato firmó la Junta, quién lo aprobó y por qué se externalizó un sistema tan sensible”, reclamó.

Ferriz también exigió conocer cuántas mujeres se vieron afectadas en total, en cuántos hospitales se aplicó la orden y por qué se ignoraron las advertencias del personal sanitario. “¿Nadie en el Gobierno de Moreno Bonilla se ha preocupado en tres años de revisar si el sistema funcionaba?”, se preguntó.