La Comunidad gallega no es ajena a los problemas de violencia de género que se viven a nivel estatal. Para hacer frente a la misma y, sobre todo, dar soporte y ayuda a las víctimas, las diferentes administraciones regionales impulsan acciones de diversa índole. En el caso de Galicia, despendientes de la Xunta está los centros de crisis 24 horas, unos establecimientos que, hasta ahora, dependían de la propia administración autonómica.
Es hasta ahora porque según denuncia el Bloque Nacionalista Galego, el Gobierno presidido por Alfonso Rueda ha comenzado a privatizar estos centros destinados a víctimas de violencia machista. Tal y como ha explicado la portavoz de la formación en Política Social e Igualdad, Olalla Rodil, a este proceso “se van destinar 7,5 millones de euros para que empresas multiservicios engorden su negocio a cuenta de los derechos de las mujeres”.
Ha sido contundente la diputada autonómica al señalar que desde el BNG tienen muy claro que “los derechos y la atención de las mujeres en situación de violencia machista no pueden quedar en manos de estas empresas".
En este punto, ha hecho alusión a la empresa en la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo ocupa un puesto de dirección al indicar que es “curioso" que la empresa "Eulen lleve semanas buscando personal para gestionarlos y antes de que se cierre el proceso de licitación"
Una vez más, los nacionalistas han hablado del "afán privatizador" del Partido Popular, puesto que este es ya el segundo intento de la Xunta en relación con estos centros de crisis 24 horas.
Intento fallido
En este sentido, Rodil ha recordado que ya en 2023 el Ejecutivo del PP sacó a licitación la gestión de estos centros, “incluso antes de tener los espacios donde albergarlos”, por eso aquel proceso “se tuvo que paralizar”. Según sus palabras “iban a privatizar lo que no existía, ya estaban vendiendo su explotación y aún no tenían las instalaciones”.
Con el movimiento que acaba de hacer la administración gallega “vuelven a la carga”. Por eso, los nacionalistas le han pedido a la Xunta que “paralice esta privatización y garantice la gestión pública de estos centros de crisis a través del personal de la Consellería de Sanidade”, que es el departamento del que competencialmente dependen tras un acuerdo con la Consellería de Igualdade firmado hace un año.
Curiosamente, estos centros de crisis destinados a víctimas de violencia machista están ubicados en hospitales públicos de Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo. Además, son instalaciones cuyo funcionamiento forma parte de la financiación procedente de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, concebidos como servicios de atención integral para las víctimas de violencia sexual.
Hay que señalar que en otras comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' se han criticado por parte de la oposición y de las asociaciones del sector las políticas en esta materia, sobre todo, con acusaciones de recortes por parte de las administraciones autonómicas. Una de las que más críticas ha recibido en este sentido es Madrid, donde algunos centros de acogimiento, incluso, están en una situación muy precaria que pone en peligro su continuidad.
En el caso gallego, además de las privatizaciones que ha criticado el Bloque, Olalla Rodil también se ha referido a otras cuestiones como la intención de la Xunta de "pretender precarizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y la atención de las personas usuarias".
Para los nacionalistas, “esta privatización” no es más que la gota que colma el vaso, puesto que llega después de “incumplir durante todos estos años la Ley galega de Violencia Machista", que, entre otras cuestiones, exige la atención psicológica de las mujeres víctimas en los centros de atención primaria.
