La guerra entre la Xunta de Galicia con diferentes organizaciones ecologistas a propósito de la política eólico no cesa. Hace unos días se vivió un nuevo ejemplo de esta batalla que, incluso, el Gobierno presidido por Alfonso Rueda ha elevado hasta la Unión Europea.
En esta ocasión, ha sido la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, una de las entidades más activas en esta materia, la que ha decidido recurrir al Tritbunal Supremo. El motivo, una sentencia emitida en abril por la Sala de lo Contencio-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia centrada en el proyecto eólico Acibal, que se impulsa en los términos municipales de Barro, Campo Lameiro y Moraña, en la provincia de Pontevedra.
Adega recurre en casación la resolución del alto tribunal gallego que desestimó su reclamación contra la inactividad de la Xunta de Galicia en relación con la protección de los elementos del patrimonio cultural aparecidos durante las obras del citado proyecto.
Se da la circunstancia de que la Asociación acude al Supremo debido a que, aunque el TSXG critica la actitud “reactiva” de la administración autonómica “ante las reiteradas denuncias del Seprona y de la vecindad respecto a la aparición de dichos hallazgos”, tal y como explican desde Adega, decidió, sin embargo, desestimar su demanda al considerar que “la vía procesal escogida por la demandante —la vía de hecho— no era la adecuada”.
Para Adega, esta discrepancia procedimental, no obstante, carece de sentido y el camino seguido por el colectivo se basó en jurisprudencia del propio Tribunal Supremo. Incluso, uno de los magistrados integrantes de la Sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Luis Villares, emitió un voto particular en el que sostiene que la demanda “debería haber sido estimada en su totalidad” ante los “signos evidentes de destrucción y grave deterioro de las formaciones rocosas” afectadas por las obras.
En palabras de Belén Rodríguez, secretaria de Adega, el escrito de preparación del recurso de casación se fundamenta en esa misma jurisprudencia, “en la que se acredita la concurrencia de una vía de hecho parcial derivada de la pasividad de la Xunta de Galicia respecto a sus obligaciones legales de protección del patrimonio”. Esto se encuentra recogido en el artículo 100 de la Ley autonómica de Patrimonio Cultural. Tal y como recuerda el colectivo ecologista este articulado faculta a la administración “a ordenar la paralización inmediata de las obras por un plazo de dos meses ante la sospecha de la existencia de yacimientos”.
Pasividad de la Xunta de Galicia
Asimismo, la dirigente de la Asociación también ha puesto de manifiesto que, “si llegara a consolidarse la absoluta pasividad administrativa como criterio ante la aparición de nuevos hallazgos arqueológicos”, en un ámbito de desarrollo de proyectos de carácter industrial, la principal consecuencia es “una gravísima disminución de la protección cultural y ambiental, contraria al interés general, que podría llegar a afectar a un inmenso número de situaciones y que desnaturalizaría la finalidad propia de las evaluaciones ambientales legalmente exigidas para la ejecución de proyectos y planes”.
Por ello, desde Adega se apuntó que la destrucción de patrimonio por la pasividad de la Xunta “no puede convertirse en norma ni quedar impune”.
Otra de las quejas que se escucharon son las de la Asociación Acibal, cuya representante, Patricia Gamallo, habló de constante desprecio e indiferencia manifestados por el Ejecutivo de Alfonso Rueda ante las pruebas e informes que acompañaron la denuncia recopilados y elaborados por expertos en patrimonio. Curiosamente, según denunciaron, nada de eso fue contemplado en la evaluación de impacto ambiental.
En palabras de Rodríguez, “si no hubiese sido por los vecinos de Amil, gran parte de ese patrimonio considerado Bien de Interés Cultural habría desaparecido. Fue la vecindad, y no la Xunta, quien protegió este patrimonio, por lo que existió una negligencia evidente por parte de la administración por la que debe ser condenada”.
Precisamente, esos descubrimientos ratificados por especialistas en patrimonio cultural revelan tanto “las deficiencias de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto eólico Acibal como la falta de vigilancia de las obras por parte de la Xunta”, opinaron desde Adega.
Ante la situación abierta en base a informes, incluso, del Seprona, los denunciantes reclaman a la Xunta de Galicia que impida a la empresa retomar las obras del proyecto eólico mientras no se conozca la resolución del Supremo.
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