La política eólica de la Xunta de Galicia le ha costado más de un quebradero de cabeza al presidente Alfonso Rueda. Los tribunales en más de una ocasión han echado por tierra proyectos que gozaban de todas las autorizaciones por parte de la administración autonómica, pero no cumplían con los criterios legales, según esas sentencias.
La situación generada llevó al Gobierno gallego a pedir amparo en forma de consulta aclaratoria a la Unión Europea que, a priori, parecía posicionarse en la línea de la Xunta, pero las últimas resoluciones judiciales vuelven a poner en entredicho la gestión pública en esta materia.
Una de las organizaciones más activas contra los parques eólicos ha sido la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega.
Esta entidad se encuentra detrás de muchas de las denuncias impulsadas contra proyectos eólicos en diferentes puntos de la región. Ahora, Adega, vuelve a la carga con el objetivo de paralizar la explotación de As Louseiras, para cuya pelea judicial vuelve a poner en marcha una nueva campaña de recaudación solidaria #TiPodesParalos. Como han explicado desde la entidad el objetivo es recurrir dicho polígono que se ubicaría en los términos municipales de los concellos lucenses de A Pastoriza y Meira ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Tal y como han explicado la Asociación en un comunicado, el proyecto prevé la instalación de 3 aerogeneradores “de hasta 200 metros de altura en un entorno ambientalmente sensible, con graves impactos sobre la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio cultural”.
Adega, como en ocasiones anteriores en las que puso en marcha campañas similares, persigue fondos con los que hacer frente a los costes técnicos y jurídicos del recurso de alzada y del recurso contencioso-administrativo ante el alto tribunal gallego, “contra la autorización administrativa previa y de construcción de este proyecto eólico, con el objetivo de evitar su implantación”.
Argumentos mediambientales sólidos
El argumento principal del que se sirve la entidad es que el parque eólico As Louseiras se sitúa, de forma principal, dentro de la reserva de la biosfera Terras do Miño, ocupando un área “calificada por el propio Ministerio para la Transición Ecológica como de sensibilidad ambiental máxima” y lo que es más importante, “de exclusión para la implantación de parques eólicos”.
A lo anterior se agrega el hecho de que el parque estaría a escasa distancia de una zona propuesta por la Xunta para la ampliación de la Red Natura 2000 y a menos de 5 kilómetros del área prioritaria para la conservación de la avifauna amenazada de Terra Chá.
De igual modo, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia también avisa de que se puede producir una “posible fragmentación artificial de un único macroproyecto eólico”. Esto es así, según aclara Adega, porque “As Louseiras comparte poligonal e infraestructuras con los parques eólicos Monzón y Ventisca (ambos en tramitación), y Carballal (autorizado y recurrido), todos ellos promovidos por Greenalia y diseñados para suministrar energía a la planta de Alcoa en A Mariña”.
Para la organización naturalista esta forma de plantear los proyectos “podría constituir un fraude de ley, al minimizar artificialmente los impactos evaluados en el procedimiento ambiental”.
En materia de daño a la fauna, la Asociación informa de que el proyecto eólico para cuya denuncia pide fondos “presenta una afección directa sobre especies protegidas y amenazadas, como el milano real, la aguililla cenicienta y el aguilucho pálido, todas ellas con presencia constatada en el entorno inmediato del proyecto”.
Asimismo, desde un punto de vista paisajístico y cultural, As Louseiras “provocaría alteraciones en espacios de gran valor natural y cultural”. En concreto, cita Adega una afección en las Áreas de Especial Interés Paisajístico del Pedregal de Irimia y de Fonmiñá, así como al mirador del Pico do Forno de Martín, uno de los puntos más emblemáticos de la Serra de Meira.
Cabe subrayar que la primera fase de la campaña #TiPodesParalos y evitar la construcción de este parque eólico en Terra Chá durará un mes a contar desde su puesta en marcha hace 10 días. En esta etapa “será necesario alcanzar un mínimo de 3.600 euros, que se destinarán a presentar el recurso de alzada y a elaborar el informe técnico ambiental”. A continuación, ya en una segunda fase de dos meses de duración, la meta será la consecución de 3.700 euros, para poder continuar con recursos posteriores y la petición de medidas cautelares.