Las noticias que ponen en jaque parques eólicos autorizados por la Xunta de Galicia no dejan de repetirse. A esto hay que sumar las acciones puestas en marcha por diferentes organizaciones ecologistas que, a la vista de los últimos varapalos protagonizados contra estas políticas del gobierno regional, por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en forma de paralizaciones de proyectos, han decidido redoblar sus esfuerzos para frenar lo que han definido como un política eólica sin sentido.

La última en hacerlo es la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, que anunció la formalización de una demanda ante el Alto tribunal gallego. En la misma solicita la “paralización inmediata” de las obras correspondientes al proyecto eólico Acibal. Apelan al artículo 100 da Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que establece que cuando en el curso de una actuación como la descrita se constate o se presuma la existencia de un yacimiento arqueológico, “la Consellería competente en materia de patrimonio cultural podrá ordenar la intervención arqueológica de urgencia que resulte procedente” e, incluso, paralizar en caso de proceder “las obras o remociones durante un plazo de dos meses, que podrá prorrogarse, de considerarse necesario, por otros dos meses".

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Se da la circunstancia de que en otoño esta entidad ya elevó un recurso Contencioso-administrativo ante el mismo órgano judicial. En él se argumentaba que la administración autonómica había incurrido en un error al no haber aplicado el mencionado artículo y, por ende, consistiendo que las obras siguiesen adelante. Según Adega, en el lugar donde se pretende levantar el parque eólico se han producido “numerosos hallazgos de elementos del patrimonio arqueológico comunicados por los vecinos a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galiza”.

Esta comunicaciones están incluidas en el escrito de la demanda presentada ahora ante el TSXG, junto con las “circunstancias relativas a la actitud pasiva o mismo obstruccionista” del ejecutivo presidido por Alfonso Rueda, con respecto a la protección de los mismos impuestas por la Ley de Patrimonio Cultural.

Al contenido de la demanda tambien se han incorporado diferentes informes de expertos en arqueología que “acreditan el expolio patrimonial que se acometió en un área especialmente relevante a nivel arqueológico, no solo en el contexto de Galicia, sino a nivel estatal e internacional”.

Ante esta situación, Adega reclama que se condene a la Xunta a la “efectiva paralización de las obras” para que puede realizarse una valoración real del daño que haya podido causarse en el patrimonio.

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La asociación ecologista, a la hora de responsabilizar a alguien por lo ocurrido en este enclave situado en el municipio pontevedrés de Moraña apunto de forma directa tanto a Patrimonio Cultural como al propio Ayuntamiento de esta localidad, a lo que califica como “cómplices” de todo lo ocurrido.

No obstante, el colectivo vecinal Amil sen Eólicos, habla de un incumplimieto continuo por parte de la empresa Norvento en lo que a la declaración de impacto ambiental se refiere. Además, los residentes en esta zona de Pontevedra denuncian el “absoluto abandono” sufrido por parte del concello de Moraña y la Xunta de Galicia, a las que acusan de no hacer nada a pesar de que la compañía “está destruyendo numerosos petróglifos”.

Cabe recordar que, según denunció en julio del año pasado el Bloque Nacionalista Galego, los varapalos que el Gobierno de Alfonso Rueda está recibiendo, sobre todo, del TSXG tienen consecuencias. 

En concreto, desde el BNG se habló de una “campaña de acoso” contra el Alto tribunal, dirigiendo sus críticas al propio presidente gallego,  al que acusó de  “promover” dichas acciones contra el TSXG. En aquella denuncia pública de los nacionalistas fueron más allá y se refieron a que esta manera de actuar del PP y de la Xunta, al margen de atacar las sentencias contrarias a sus intereses, sobrepasó muchos límites, en palabras del diputado del Bloque, Luís Bará, al inlcuir “ataques personales" contra el magistrado Luis Villares, acusándole de parcialidad.

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