Que las políticas de la Xunta de Galicia en materia de energía eólica no funcionan, lo demuestra el hecho de las paralizaciones y suspensiones de ejecución de diferentes proyectos repartidos por toda la región.
Los motivos de las decisiones judicial relativas a proyectos de parques eólicos, muchos programados siendo presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo, en muchas ocasiones tienen que ver con no contemplar los pasos administrativos obligatorios. Una de las causas más repetidas es la no inclusión de declaraciones de impacto ambiental de estas infraestructuras o no cumplir de manera adecuada con los trámites de exposición pública.
Al lado de esto, otro dato que echa por tierra la política del equipo de Alfonso Rueda es de la opinión en contra masiva de pueblos y comarcas. Este malestar es el germen de la creación de la Coordinadora Eólica así Non, un nombre que deja bien a las claras que vecinos y organizaciones ecologistas no están en contra de este tipo de energía, pero sí de como el Ejecutivo gallego quiere impulsarla.
Esta misma tarde, de nuevo ese movimiento social ha tomado las calles. En concreto, se ha concentrado ante el Parlamento gallego para, según explicaron sus impulsores, “manifestar la repulsa contra las últimas propuestas legislativas del Partido Popular”.
Tras diferentes sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ahora el PP quiere “sortear” esas resoluciones que han paralizado varios proyectos eólicos; además, han indicado hoy en Santiago de Compostela que la estrategia del partido que gobierna con mayoría absoluta también pasa por “entregar definitivamente los recursos naturales del país a las eléctricas y mineras”.
Se refieren los manifestantes a la Ley de acompañamiento de los presupuestos para 2024. En ella incorpora que se declaren de “interés público superior” los proyectos de parques eólicos autorizados desde el 30 de diciembre de 2022; a ella hay que sumar otra normativa, la relativa a los beneficios sociales y económicos derivados del aprovechamiento de recursos naturales. En ambos casos, han denunciado hoy los manifestantes, han sido impulsadas por el PP “por la vía de urgencia y sin la debida participación pública”.
Tal y como han explicado a primera hora de la tarde de hoy, no se trata de “interés público superior” sino de interés “privado”. El momento elegido para la protesta no ha sido al azar, puesto que coincidía con la celebración en el interior del Parlamento del debate de la propia Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, donde está incluida la propuesta del PP de declarar esos proyectos de interés público superior.
Para los convocantes, esta manera de actuar tiene “la perversa intención de hacer prevalecer la explotación energética del viento frente a otras actividades económicas estratégicas, la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales”.
Prevaricación
Las acusaciones de vecinos y entidades ecologistas concentradas en la Coordinadora Eólica Así Non han ido más allá al acusar este lunes en la capital gallega al Partido Popular de “prevaricar” al reincidir en la disposición de leyes que recortan “derechos sociales y de participación pública”, al tiempo que favorecen “la destrucción del patrimonio ambiental y cultural”.
Precisamente, el movimiento que pretende hacer el PP y la Xunta con la Ley de Acompañamiento persigue al declarar dichas iniciativas de interés público superior agilizar y facilitar la tramitación de renovables; asimismo, en este marco, para los manifestantes desde la Xunta se considera por defecto que los polígonos eólicos son “compatibles con el medio ambiente”.
Esta medida relega a la Xunta de su responsabilidad fiscalizadora en las evaluaciones de impacto ambiental en este tipo de proyecto y, lo que es más grave según recordaron este lunes, “deposita la tutela de los recursos públicos y la carga de la prueba en la ciudadanía”.
Lo debatido en el Parlamento autonómico lo han unido, además, al anteproyecto de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan recursos naturales de Galicia. Esta vendría a ser una especie de complemento a la anterior ya que está dirigida “únicamente a facilitar el camino de las grandes corporaciones empresariales para la explotación de los recursos naturales”. En definitiva, le resta posibilidad de control a la administración y refuerza el apartado privado de este tipo de explotaciones.
Curiosamente, en los últimos meses se han dado otros pasos en este sentido por parte de la Xunta, que le ha servido ser acusada por diferentes colectivos de tratar de otorgar legalidad a proyectos que arrastran problemas judiciales. Es el caso de la ciudad deportiva del Real Club Celta, que tras varias sentencias que ponen en entredicho esta infraestructura, ha sido declarada de interés autonómico, con lo que la dotaría de todos los blindajes necesarios frente a las decisiones judiciales contrarias.
