Durante la inauguración de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta celebrada en noviembre de 2020, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, participó en un acto sabiendo de las sospechas que pululaban sobre estas instalaciones con denuncias por parte de colectivos ecologístas, vecinales y de la comunidad de montes de esta parroquia de Mos, concello próximo a Vigo.

Precisamente, desde la administración autonómica se adelantó hace unos días que el Gobierno que preside Alfonso Rueda declarará la iniciativa Galicia Sports 360 impulsado por el presidente y propietario del Celta, Carlos Mouriño, y que abarca la nueva ciudad deportiva como Proyecto de Interés Autonómico. Este movimiento ha sido visto por parte de los detractores y denunciantes del desarrollo urbanístico como estratégico por parte del Ejecutivo del PP para tratar de blindarlo frente a las resoluciones judiciales que ya se han dictado en su contra y otras que puedan producirse en el futuro.

De aquellas aguas estos lodos y ahora, tal y como anunció hace algunas semanas, Ecoloxistas en Acción hoy hace publico que va más allá y que buscará echar por tierra ese intento mediante la presentación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una denuncia por presunta prevaricación urbanística contra todo el Consello de la Xunta, o lo que es lo mismo, el Gobierno regional.

Según explican desde Ecoloxistas, a través de la consideración que pretende impulsar el Ejecutivo de Rueda se “quieren expropiar unos terrenos forestales que debería mantenerse como tales”; curiosamente, esto nadie lo ponía en duda “hasta que puso sus ojos en ellos una entidad privada, de manera evidente por el menor coste” a la hora de obetenerlos en comparación con aquellos terrenos situados en zonas “aptas para el destino que se les pretende dar”.

Eloy Pérez, coordinador de Ecoloxistas en Acción, explica la forma de proceder seguida con respecto a la nueva ciudad deportiva del Celta y el complejo de ocio que la acompaña. "Ahora una licencia, ahora un Plan Especial de Infraestruturas y Dotaciones, ahora una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Municipal, ahora un Proyecto de Interés Autonómico”, en referencia a cada uno de los pasos que se han dado para poner en marcha, impulsar y proteger un desarrollo urbanístico contra el que se han pronunciado diferentes organismos e instituciones, incluidas sentencias judiciales en contra.

El portavoz de la organización naturalista se pregunta “¿qué será lo próximo? El Partido Popular parece dispuesto a lo que sea con tal de favorecer a un empresario amigo, sin importarle sacrificar el monte comunal".

Las denuncias que rodean el proyecto de la ciudad deportiva giran en torno a diferentes materias. Lo mismo sucede con Galica Sport 360 con el que el dueño del club vigués quiere dar una vuelta de tuerca a la idea inicial para nutrirla de más superficie y, por lo tanto, de otros servicios más allá del deportivo. “Tiene un fuerte impacto ecológico”, dicen desde Ecoloxistas, porque afecta a un monte vecinal y requiere de unos recursos hidrológicos que afectarán, sin duda, la zona.

Pero las quejas van más allá puesto que, tal y como añaden, el proyecto “afectará al patrimonio cultural” del lugar y, en concreto, al “área de protección integral del yacimiento 'Coto dos Mosquitos'".

Sentencia firme

Los descritos son motivos suficientes para acudir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ecoloxistas en Acción afirma que no existe el interés estratégico que, según la Xunta, tiene el proyecto del Real Club Celta.

En este sentido considera que es “evidente” que los acuerdos del Consello de la Xunta “fueron dictados de manera arbitraria, con plena consciencia de su injusticia” y con el único fin de “satisfacer el interés de una entidad privada como es la Sociedad Anónima Deportiva Real Club Celta de Vigo”.

Cabe recordar que, desde el principio, la ciudad deportiva del conjunto de la ciudad olívica arrastra un historial de irregularidades que ecologistas y vecinos atribuyen tanto al Celta, como “al Gobierno local del concello de Mos”, a los que se une la Xunta.

No hay que olvidar que la justicia, en firme, ya se ha pronunciado sobre las licencias relativas a algunas de las obras ya ejecutadas por la entidad deportiva, puesto que “ni siquiera se ajustaron a los proyectos permitidos”, recuerda Ecoloxistas, sino que “excedieron con mucho lo permitido por las licencias”. La conclusión para el colectivo es clara: se concedieron licencias “sabiéndose que eran contrarias a la ley”.

Finalmente, esas licencias fueron anuladas por sentencia del juzgado de lo Contencioso- administrativo número 3 de Pontevedra, luego confirmada en marzo de este año por el Alto Tribunal gallego, en respuesta al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Mos, presidido por la también 'popular' Nidia Arévalo.

Después de estos movimientos judiciales y ante la ausencia de otros que conlleven el cumpliento de las sentencias por parte de la Xunta de Galicia, Ecoloxistas en Acción decide denunciar directamente a los integrantes del Consello de Goberno por la mencionada presunta prevaricación urbanística.