Lo habían advertido en varias ocasiones los representantes de Ecoloxistas en Acción y de la Comunidad de Montes de Tameiga. Con diversas acciones de protesta hicieron público su malestar por lo que consideraban incumplimiento del proyecto inicialmente previsto en la zona para la Ciudad Deportiva del Real Club Celta de Vigo. Apuntaban, de forma directa, al concello de Mos, en cuyo término municipal se ha levantado esta infraestructura.

Incluso, esas críticas las hicieron visibles el día que Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia, acudió a la inauguración de las instalaciones. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra ha decidido estimar el recurso interpuesto por la Comunidad de Montes Vecinales de Tameiga. Esto significa la revocación de la licencia de obras concedida en octubre de 2019 por el Ayuntamiento de Mos al Celta de Vigo para la construcción de vestuarios e instalaciones auxiliares imprescindibles en los campos de entrenamiento que forman parte de A Fouteza, nombre dado a la nueva ciudad deportiva.

Pero la resolución judicial va más allá. Condena a la “administración demandad”, es decir, el concello de Mos, a incoar, tramitar y resolver en plazo un expediente de revisión de oficio de la licencia de obra otorgada en noviembre de 2018. Dicho permiso otorgado por este Ayuntamiento al Celta incluía la construcción de un campo de fútbol doble de 16.576 metros cuadrados con un aparcamiento de 5.500 metros cuadrados.

La jueza explica en la resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que la administración local incurrió "en un vicio de nulidad susceptible de provocar la admisión a trámite de una solicitud de revisión de oficio como la formulada por la comunidad de montes" con respecto a la primera licencia, otorgada a finales de 2018. Esto es así, según argumenta la magistrada, "por haberse concedido sin la aprobación previa de un plan de dotaciones", una de las alegaciones de los demandantes en su denuncia. Todo ello conduce, según el fallo, a la anulación de la segunda licencia, concedida un año después de la primera, porque estaríamos, según la jueza, ante obras "indisoluble e ineludiblemente unidas o asociadas a las licenciadas en primer lugar".

"Observadas, en su justa dimensión, todas las obras que se licenciaron con motivo de cada uno de esos dos acuerdos, constituirían un resultado final conjunto, un todo, que se habría visto licenciado/autorizado en unos términos ajenos a los que exigiría la normativa urbanística de aplicación (Ley del Suelo de Galicia)". Lo que argumentaban desde la Comunidad de Montes es que el Celta había construido más de lo previsto en el proyecto para el que recibió los permisos.

En su escrito, la magistrada es contundente al indicar que el proyecto autorizado finalmente, como resultado de esos dos acuerdos, "tiene un alcance o entidad muy superior a lo que se entiende por implantación en suelo rústico de un campo de fútbol con unos vestuarios (mínimos, pequeños, necesarios para el uso de la instalación originaria)".

De los planos de los dos proyectos autorizados por el Ayuntamiento de Mos en los dos acuerdos, es posible deducir, según asegura, que las obras "conformarán un conjunto completo (una unidad final, si estamos a su resultado) con un alcance o entidad que resulta más calificable como 'equipamiento deportivo privado' a instalar en suelo rústico".

"Despropósito urbanístico"

Y es aquí donde, de nuevo, choca lo realizado con la Ley del Suelo de Galicia que exige para la autorización de la ejecución de obras en suelo rústico que encajen en la definición de 'equipamientos deportivos' para lo que se precisa "la tramitación de un Plan Especial de Dotaciones e Infraestructuras, lo que hace insuficiente, a la hora de tenerlas por correctamente autorizadas, que se les otorgue licencia directa, sin acudir antes a la tramitación del oportuno expediente destinado a la aprobación de un plan especial de dotaciones".

Esto último también lo hicieron público los demandantes. Hay que resaltar que, desde un primer momento, diferentes sectores vecinales y ecologistas pusieron en entredicho el proyecto. Precisamente, sobre el mismo sobrevoló la buena relación que se le atribuye al presidente del Celta, Carlos Mouriño, con el Partido Popular. En este sentido, hay quien achaca a ese hecho el trasladar al ciudad deportiva del equipo vigués fuera de su municipio con cuyo alcalde, Abel Caballero, mantiene desde hace años un conflicto el máximo accionista del club celtiña que, incluso, ha llegado a amenazar con llevarse al equipo de la ciudad olívica. Curiosamente, en Mos gobierna el PP.

Este mismo mediodía se han pronunciado los representantes vecinales a través de un comunicado. En el mismo insisten en que "la ciudad deportiva carece cualquier cobertura legal, puesto que el Plan Espeical de Infraestructuras que el Gobierno de Nidia Arévalo - alcaldesa 'popular' de Mos- intentaba tramitar de manera exprés también fue informado desfavorablemente por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil".

Asimismo, en el escrito también dan la enhorabuena y ensalzan a toda la vecindad de la Comunidad de Montes que "estos más de tres años de lucha no cedió a las amenazas, insultos y a la campaña de atosigamiento mediante denuncias realizada por la regidora del Partido Popular, principal promotora de este despropósito urbanístico".