Francisco Granados, ex consejero de Presidencia de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, iba a declarar este lunes en el marco de la operación Púnica en su pieza de Waiter Music, la promotora musical con la que se cerraban contratos de conciertos en municipios madrileños gobernados por el Partido Popular.
Sin embargo, Granados hablará el próximo martes, ya que su abogado tiene un juicio en otro tribunal. Sea como fuera, hay otros 13 acusados, entre los que se encuentran exalcaldes o exdiputados autonómicos sobre los que el tribunal deberá dictar una sentencia.
En las facturas presuntamente se inflaban los costes y después de ello se repartían el incremento del precio entre las personas acusadas de haber participado del proceso, presuntamente fraudulento, quienes esta semana afrontan en la Audiencia Nacional penas de dos a seis años de prisión por prevaricación, malversación o fraude, entre otros delitos. Las testificales llegan 13 años después de los hechos.
Pieza de Waiter Music
En esta pieza separada se investiga la contratación con la mencionada compañía, encargada de eventos musicales, por parte de 47 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid entre los años 2004 y 2014, una década en la que se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas, a través de varios contratos adjudicados a diferentes compañías mediante los que se habría incurrido en una suerte de comisiones, fiestas de varios dirigentes, ediles, mítines y actos del PP.
El caso tiene también ramificaciones en la Comunidad de Madrid en tanto en cuanto Granados habría garantizado que la propia Autonomía contratara a Waiter Music para eventos institucionales durante su etapa como consejero de Transporte, Presidencia y Justicia. Por su parte, el Ayuntamiento de Aranjuez llegó a rescindir públicamente el contrato con la compañía después de que saltara el escándalo. El juicio oral en la Audiencia Nacional comenzó en enero de este mismo año, con Granados de nuevo en el banquillo más de once años después de su detención.
El propietario de la empresa central de la trama, José Luis Huerta Valbuena, fallecido en 2020, reconoció en sede judicial que varios de los investigados y otras personas que no lo son pudieron haberse beneficiado de comisiones y dádivas por haber adjudicado contratos en sus respectivas localidades.
El juez García Castellón, instructor de la causa, se negó en su día a incluir la contratación con la misma firma desde el Ayuntamiento de Madrid llevada a cabo bajo la dirección de David Erguido en las fechas investigadas. Asimismo, en el auto de procesamiento, el magistrado desestimó la solicitud de las acusaciones populares de ADADE y PSOE de que la formación conservadora fuera condenada a título lucrativo.
Entre los delitos que se investigan se encuentran el de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, así como un delito continuado en documentación mercantil.
Lista de acusados
Las personas acusadas, además de Francisco Granados, son los exalcaldes de Valdemoro José Miguel Moreno Torres y José Carlos Boza; la exjefa de gabinete del Ayuntamiento del mismo municipio, María del Carmen Benito Saldaña; el exjefe de gabinete del gabinete del Consistorio de Valdemoro, Alfredo Ovejero; o María Ángeles Herrera, exalcaldesa de Ciempozuelos.
Además, deberán rendir cuentas ante el tribunal Rafael Martín, exconcejal de Ciempozuelos; Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio; Ricardo Godino, exconcejal de dicha localidad; el que fuera senador y diputado del PP, David Erguido; el exasesor de la Junta de Distrito de Chamartín, Lorenzo del Triunfo; los antiguos alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; y en última instancia Carmen Plaza, exdirectora gerente de la Fundación Arpegio.
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