El pasado mes de mayo representantes del Comité Intercentros y de los provinciales de Política Social hicieron públicas denunciaron las nuevas políticas llevadas a cabo desde la Consellería de Política Social. En concreto, los representantes de los trabajadores pusieron sobre la mesa el internamiento de pacientes con patologías psiquiátricas en residencias de mayores públicas.

Según la denuncia planteada hace tres meses, estas personas, en algunos casos con edades entre 45 y 50 años, llegan a centros que “no están adaptados para esta nueva tipología de residentes”, al tiempo que criticaron el hecho de que el personal que actualmente forma parte de las plantillas de estas instalaciones “no está formado” y “no es suficiente”.

Ha pasado el tiempo y las condiciones no solo no han mejorado sino que, incluso, han ido a peor al margen de las propias condiciones laborales de los trabajadores.

En este marco se encuadra la presunta agresión sexual sufrida por una trabajadora de una de las residencias que siempre han estado en el centro de esta polémica porque, además, suele ser donde se llevan a cabo las novedades que implanta la Xunta a través de la Consellería: el Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (CRAPD II) de Vigo.

Según los datos ofrecidos por el Comité de Empresa de Política Social de la provincia de Pontevedra, el supuesto autor es uno de los usuarios categorizados como de “emergencia social”, si bien, desde la Consellería han aclarado que no es el caso. Según el departamento que dirige Fabiola García esa persona es usuaria del régimen ordinario; además, se ha apresurado a la hora de pedir que no se asocie este tipo de sucesos con pacientes en situación de emergencia social.

El hombre de 45 años y ex toxicómano presunto autor de estos hechos, tal y como ha podido saber ELPLURAL.COM, ya no está en la residencia, pero ha sido trasladado a otra, también pública, situada en Ourense. Para los trabajadores de las instalaciones viguesas no es más que un parche, porque los problemas van a continuar.

Precisamente, el Comité de Personal de Política Social de Pontevedra denunció ayer la agresión ocurrida durante el turno de noche y ha exigido medidas para que este tipo de situaciones no se repitan, por ejemplo, adaptar espacios específicos para estos usuarios, con los recursos "adecuados" y contando siempre con la presencia de un psiquiatra.

Es verdad que un episodio como este nunca se había producido, tal y como revelan a este medio trabajadores del Complejo. No obstante, también es cierto que sí se han venido registrando casos que advierten de la deriva que se están viviendo en el centro y que pagan de forma directa sus trabajadores. Sin ir más lejos, este mismo verano se vieron obligados a solicitar la presencia de la Guardia Civil para tratar de controlar a una interna, también toxicómana, que al regresar a la residencia amenazó con “plantar fuego a todo”. Esta mujer continúa ingresada en el CRAPD II de Vigo.

Problemas de convivencia y seguridad

El comité de Personal ha puesto de manifiesto tras lo ocurrido esta semana, que la derivación de personas en situación de emergencia social, algunos con patologías psiquiátricas y problemas de adicción, a los centros de mayores y dependientes ha generado problemas de convivencia y seguridad.

Algunos trabajadores confirman a ELPLURAL.COM que no “hemos recibido formación alguna para atender a este tipo de usuarios, ni disponemos de un protocolo” en este sentido. Aseguran estar “preocupados” porque en ocasiones se dan situaciones ante las que desconocen cómo actuar de manera correcta.

Se quejan de que no son suficientes y siente temor ante la posibilidad de que pueda repetirse lo ocurrido este martes a una compañera.

La Xunta de Galicia niega la mayor. Sin embargo, sindicatos y plantilla de residencias públicas son claros a la hora de hablar de que el PP y la administración autonómica gallega que controlan con su mayoría absoluta buscan favorecer el negocio de las residencias concertadas o privadas, a través del traslado de mayores desde las públicas. De este modo, estas están quedando para usuarios distintos a los que estaban destinadas en su origen.

La Consellería de Politica Social e Xuventude se ha limitado a señalar que "actuó con total celeridad" en cuanto tuvo conocimiento de este caso, "para proteger" a la trabajadora.

En un comunicado, el comité ha proclamado que tanto los mayores como esas personas en situación de emergencia social merecen una atención y un trato "dignos", pero han advertido de que no se puede prestar esa atención a ambos colectivos "al mismo tiempo, en el mismo espacio y con los mismos recursos", por lo que han pedido "más medios" para poder llevar a cabo su trabajo.

Los representantes de los trabajadores ya han adelantado que, con independencia de lo que haga la afectada, se pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. 

Desde la Confederación Intersindical Galega se ha comunicado ya que van a instar a la adopción de “medidas efectivas de una vez por todas”, al tiempo que han señalado como responsables de lo sucedido a las Consellerías de Política Social y Sanidade. El sindicato nacionalista ha aprovechado para recordar que demandan "más personal, formación específica y espacios adecuados para poder atender a los residentes llamados 'de emergencia social', personas que presentan patologías psiquiátricas o adicciones", como el caso del presunto autor de la agresión sexual sucedida este martes. 

Por su parte, la Xunta de Galicia ha indicado que, en la actualidad, prepara un protocolo de agresiones, "tal y como fue acordado con las organizaciones sindicales con representación en el comité de empresa de Política Social". Además, también ha subrayado que "se están preparando cursos de formación para el personal de los centros de Política Social, para ayudarlos y asesorarlos en la gestión de estos casos".

Curiosamente, las derivaciones de este tipo de pacientes se iniciaron hace más de un año y medio. La plantilla de estos centros de toda la región siguen a la espera de soluciones.