Hace poco más de veinte días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba un varapalo a España a propósito de las prórrogas concedidas a la autopista de peaje AP-9 que cruza la comunidad de Galicia de Norte a Sur, desde A Coruña hasta Vigo.

Esta vía siempre ha estado en el centro de la polémica, por ser de las más caras para los usuarios y por las prórrogas concedidas a la empresa que la gestiona -que ahora el Alto tribunal europeo hecha por tierra-, cuyo proceso de privatización también está envuelto en la controversia.

Curiosamente, siempre en la ecuación que se pone en entredicho aparece el Partido Popular, en momentos en los que gobernaba. Esto conllevó que durante muchos años, desde el Ejecutivo autonómicogallego, siempre con los 'populares' al frente salvo el cuatrienio del bipartito del PsdeG-BNG, no se reclamara ningún tipo de rescate, porque, al fin y al cabo, aquellas decisiones ahora declaradas irregulares por la justicia europea, eran tomadas desde una Moncloa con presidentes del PP.

No obstante la cosa cambió con la presidencia de Pedro Sánchez. Los 'populares', haciendo tabla rasa de la historia de la AP-9 que tanto les salpica, se transforman en grandes defensores de los usuarios, a través de la reclamación -que no hicieron antes- de rescate de la autopista de peaje.

Cabe recordar que las conexiones de la AP-9 con el PP son evidentes y en su proceso privatizador, también cuestionado por autoridades comunitarias, la participación de José María Aznar y su Ejecutivo fue fundamental. Quizá una reminiscencia de esa época sea el intento de “inflar” el precio de rescatar la AP-9, es decir, el dinero que debería recibir la empresa Audasa en caso de retirarle la gestión de la vía.

No se trata de una limosna. El Bloque Nacionalista Galego, a través de su viceportavoz en el Parlamento, Olalla Rodil, cuantifica ese “inflar” en casi “1.500 millones de euros más”. De esta operación acusan directamente al Gobierno de Alfonso Rueda.

La Universidad de A Coruña lo cifra en 904 millones

Tras insistir en que esta autopista tiene que ser recuperada para hacerla “gallega y libre de peajes”, Rodil le ha dicho a Rueda que “tiene que explicar” a la ciudadanía “por qué quiere pagarle a Audasa cerca de 1.500 millones de euros más y por qué, de nuevo, en lugar de defender los intereses de Galicia, defiende los intereses de la concesionaria”.

Al igual que sucediera con el caso de la macrocelulosa Altri, los nacionalistas le han pedido que ejerza de presidente de la Xunta “por una vez en su vida en lugar de hacer de comercial de una empresa”.

Sobre la cantidad que el Ejecutivo gallego infla, la diputada del Bloque ha recordado que el informe elaborado por técnicos de la Universidad de A Coruña, encargado por su formación hace un año, “cifra en 904 millones de euros el rescate de la AP-9, cantidad que se corresponde con el valor de mercado y que dista mucho de los 2.356 millones de euros que pretende pagarle el PP".

Para los nacionalistas, “la prórroga ilegal de la que es responsable el PP tiene que ser utilizada para anular el contrato y convertir por fin la AP-9 en una autovía gallega y sin peajes.

Olalla Rodil ha explicado que el dinero que ha pagado ya el Gobierno central en todos estos años y lo que queda por abonar en concepto de bonificaciones hasta el final de su concesión en 2048 “es más de lo que cuesta recatarla”. Además, como se trata -el de la prórroga- de un contrato ilegal “la concesionaria Audasa no tiene derecho a indemnización por lucro cesante, como recoge el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en 2022”.

Según el estudio de la universidad coruñesa, en virtud de todos los conceptos la compañía concesionaria una vez llegue la fecha de finalización del contrario habrá recibido más de 2.800 millones de euros, muy lejos de los 900 que costaría el rescate en la actualidad.

Ante esta situación la diputada autonómica del BNG, además de reclamar al Gobierno del PP de la Xunta que "deje de hacer informes a medida" de los intereses de la empresa, le ha pedido que no “reme a favor de la concesionaria”, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha instado a “cumplir los compromisos adquiridos con Galicia”.