La decisión adoptada por el Gobierno de excluir de la planificación de la red eléctrica la planta proyectada por la multinacional portuguesa Altri en la localidad lucense de Palas de Rei es “puramente política”.

Así lo ha asegurado hoy mismo la empresa que, además, anuncia que planteará batalla frente a esta medida sin renunciar al uso de “todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance".

Los próximos pasos a dar por la promotora los ha detallado a través de un comunicado emitido por Greenfiber, la sociedad creada por el grupo luso para promover la conocida ya como macrocelulosa. En el mismo, entre otras cosas, señala que "hasta la fecha no se ha recibido comunicación oficial sobre la inclusión o exclusión de 'Gama' en dicha planificación".

Será en ese momento, cuando se produzca la notificación, cuando “se procederá a analizar detalladamente los argumentos técnico-económicos aplicados y se estudiará la posibilidad de presentar alegaciones siguiendo el curso administrativo habitual una vez la planificación de red se eleve a público".

Además de insistir en que, si es preciso, se servirá de todos los mecanismos a su alcance en el ámbito administrativo para revertir la decisión, adelanta en su escrito que “llegado el momento", reiterará "la solicitud de audiencia con el Ministerio para aclarar cualquiera de las dudas técnicas o financieras que les hayan podido llevar a tomar esa decisión".

No obstante lo anterior, la dirección de Altri tiene claro que, de confirmarse la exclusión, “todo apuntaría a que se está ante una decisión puramente política, que no está basada en criterios técnicos, como debería ser".

Han recordado desde la factoría que, en todo caso, disponen ya de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que “reconoce el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea que garantizan que 'Gama' es sostenible, respetuoso con el medio y coexistente con todas las actividades económicas que se desarrollan en el entorno".

Curiosamente, este documento no ha estado exento de polémica, con acusaciones a la Xunta de Galicia -administración que lo concedió- de no servirse de todos los criterios adecuados porque, según las organizaciones ecologistas, partidos de la oposición y movimientos vecinales, de ser así nunca hubiese gozado de la opción de conseguir esa Declación de Impacto Ambiental.

Movimiento social

Una vez más, desde la multinacional portuguesa se ha señalado que “la potencial exclusión del proyecto de la planificación eléctrica supondría obligar al territorio a renunciar a una instalación que contribuiría a su descarbonización".

En contra de lo que han indicado en repetidas ocasiones diferentes entidades, como la Plataforma Ulloa Viva, que insisten en la “bomba” que supondría la macrocelulosa, desde Greenfiber dicen lo contrario. De este modo, han subradayado en el comunicado que el proyecto “contempla una planta energéticamente neutra, en la que la conexión se destinaría a volcar a la red los excedentes de energía renovable generada".

"De rechazarse su acceso a la red se perdería una oportunidad para avanzar en la consecución del objetivo-país establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de que la energía renovable represente el 81% de la generación eléctrica en España en 2030, con el consecuente desaprovechamiento del beneficio ambiental y económico para hogares y empresas", ha resaltado en un comunicado.

Al final del escrito alude Greenfiber al "perjuicio para el territorio", puesto que, a juicio de la compañía, la confirmación de esta exclusión "supondría un claro perjuicio al dejar fuera del mapa de desarrollo económico e industrial a toda la provincia de Lugo para los próximos años, limitando oportunidades industriales y de empleo, afectando al desarrollo económico de las comarcas rurales”.

Si Greenfiber ha sido contundente con su comunicado, la Plataforma Ulloa Viva no se ha quedado atrás.

Este movimiento, nada más conocerse la decisión del Gobierno central, ha exigido a la Xunta de Galicia que “deniegue de una vez por todas y para siempre” las autorizaciones que todavía están en fase de tramitación para la planta de Altri.

Igualmente, tras la negativa del Ministerio, Ulloa Viva ha concluido que ha llegado la hora de que la Xunta y el PP “reconozcan que este es un proyecto sin sentido, que los vecinos que llevamos más de un año diciendo Altri Non tenemos razón y que de una vez por todas a Xunta rechace seguir tramitando este proyecto en contra de la ciudadanía”.

Para la Plataforma es este un proyecto “sin licencia social, sin electricidad, sin agua y, en definitiva, sin sentido”.