La cercanía de una jornada electoral en Galicia ha sido sinónimo a lo largo de la historia de casos de supuesta compra de votos. Las historias en torno a este tipo de prácticas van desde los episodios más sonrojantes y descarados (traslado de ancianos, votos a cambio de empleo o el uso de medios públicos), hasta los más sutiles, que adoptan la forma de subvenciones y/o publicidad institucional si se trata de prensa, radio y televisión privadas, o a través de ayudas económicas, bonos, partidas destinadas a determinados colectivos.

El Partido Popular siempre ha sabido -o le han permitido- hacer uso de algunas de estas prácticas. Alberto Núñez Feijóo y su equipo se han servido de una habilidad más que curiosa para lograr la mezcla de siglas, colores o lemas de la Xunta de Galicia con la de la propia formación política.

No son raras las denuncias públicas o ante la Junta Electoral sobre este tipo de prácticas. Este pasado fin de semana, desde ELPLURAL.COM como en algunas redes sociales se denunciaba la aparición en una publicidad institucional del argumentario del PP.

Ahora son hasta tres entidades relacionadas con los usuarios de las residencias de mayores las que han criticado el último movimiento realizado por la Xunta de Galicia. Se trata del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e dos Servizo Públicos (Modepen), el colectivo Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) y la asociación Vellez Digna, que a través de un comunicado critican el denominado Bono Coidado impulsado por el Gobierno presidido en funciones por Alfonso Rueda.

Los denunciantes apuntan a la “clara intención electoralista” que presenta esta ayuda. Las tres entidades, incluso, van más allá porque afirman que con este bono se busca “manipular” a las personas dependientes, tratando de “comprar su voto con dinero”. Y ello sin que, hasta el momento, se haya corregido “ninguno de los problemas que lastran la dependiencia”.

No es la primera vez ni será la última en la que se acusa al Partido Popular de servirse de la Xunta y de su mayoría absoluta con un claro fin electoralista. El propósito, según se ha denunciado en los últimos años, es bien tratar de buscar la identificación entre la formación política y la administración autonómica -como si se tratara de lo mismo-, bien poner en marcha acciones que, para la oposición y diferentes colectivos, persiguen “comprar voluntades” a través de ayudas, subvenciones o pagas.

100 euros al mes

Es lo que denuncian ahora las citadas asociaciones. Estas entidades, en dicho escrito, ponen de manifiesto que la Xunta ha enviado a los usuarios de residencias una misiva en la que supuestamente informan “de manera propagandística” sobre las iniciativas articuladas por la administración autonómica en forma de "apoyo, ayuda y comprensión" hacia las personas dependientes. Y es ahí cuando introduce el llamado Bono Coidado, consistente en un “complemento universal de 1.200 euros”.

Los firmantes del comunicado hecho público este martes cuestionan el momento en que esa carta ha llegado a las casas de los interesados. Se preguntan “si hacían falta cuatro años para idear esto”, para, tirando de retranca, asegurar que habrían ofrecido mejores ideas “en solo 10 minutos”.

El balance que hacen de una medida como esta es “negativo”, puesto que para estas asociaciones lo único que persigue es “ocultar” la nefasta gestión de la Xunta en esta materia a los largo de la legistura que está a punto de finalizar y “en los 10 años anteriores”. En esta década, y en concreto desde la llegada de Feijóo a la presidencia regional, "el maltrato a residentes y familiares se extendió parejo al empeoramiento de los servicios en la mayoría de las residencias gallegas".

Recuerdan en el comunicado una de las polémicas de los últimos meses y sobre la que el departamento autonómico correspondiente no ha dado las explicaciones oportunas, tal y como ha denunciado la oposicón en repetidas ocasiones. Se refieren a las filtraciones de cuándo iban a realizarse las inspecciones en residencias de mayores. Según los denunciantes, en todo este tiempo el ejecutivo autonómico "boicoteó a su propio servicio de inspección”, en alusión a los avisos que recibía la dirección de esas residenicas de cuando iban a ser inspeccionadas.

En medio de todas estas críticas, el Movemento Galego pola Defensa das Pensións e dos Servizo Públicos, Traballadores de Residencias de Galicia y Vellez Digna indican que todos los movimientos realizados desde la Xunta “convierten a los dependientes en un negocio donde priman los beneficios y no los cuidados".

A modo de conclusión, aseveran que llama la atención que a “cuatro días de las elecciones” se acuerde la Xunta de este colectivo con la medida de “darles 1.200 euros” anuales, una aportación irrisoria y “cutre” de 100 euros al mes para un servicio por el que los usuarios pagan de media incluso más de 2.300 euros mensuales.