El responsable de Ginecología del Hospital de Verín, Javier Castrillo, acaba de ver como la Xunta de Galicia ha ratificado la sanción impuesta por parte del Servizo Galego de Saúde, Sergas. En total, dos días sin empleo y sueldo. Sin duda, no es significativa cuantitativamente (aunque el expediente podría conllevar una inhabilitación especial de 2 años), pero sí lo es de manera cualitativa, por lo que representa y por los motivos por los que se le imponen.

Estos se remontan a noviembre de 2019, cuando se conocieron los planes del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de cerrar el paritorio y otras instalaciones que prestaban servicio al concello de Verín y otros municipios próximos. El asunto saltó a los medios de comunicación a nivel nacional que se hicieron eco de que para dar a luz, las futuras mamás, tendrían que desplazarse hasta Ourense capital. En el mejor de los casos, desde la propia Verín, esto supone hacer un trayecto de prácticamente una hora, que pueden llegar a dos según la ubicación de algunas aldeas de la provincia.

Esa medida de la Xunta fue contestada por los vecinos que llenaron las calles de la localidad con la intención de frenar lo que consideraban una “injusticia”.

El movimiento ciudadano se vio respaldado también por los profesionales del Hospital de Verín. Entre ellos, Javier Castrillo fue uno de los más claros en su posición contraria al cierre del paritorio.

A partir de ahí se inició un procedimiento de expediente disciplinario contra este médico. Desde diferentes sectores enseguida se vio en este movimiento una respuesta por su posicionamiento en contra del cierre del paritorio de Verín, algo que finalmente se consiguió al dar la Xunta marcha atrás en sus primeras intenciones gracias a la presión ciudadana. El propio Castrillo habló entonces de “venganza” por esta circunstancia.

Por su parte, la Consellería de Sanidad y el Sergas argumentaron que el médico podría haber cometido una “falta grave” al no atender la recomendación realizada por la pediatra de guardia del citado paritorio en el caso de una embarazada que el jefe de Ginecología se negó a trasladar a Ourense.

"Injusticia" y "escándalo"

Aquella apertura de expediente acaba ahora con esa sanción de dos días sin empleo y sueldo por esa diferencia de opiniones en cuanto al traslado de la futura madre, tal y como ha adelantado el Diario do Támega. El propio médico ha calificado la sanción de “injusticia”. Se defiende de las acusaciones asegurando que lo que hizo fue “pedir explicaciones de por qué se traladaba al menor” al hospital de la ciudad ourensana, algo que justificaba en el derecho a la información de la familia.

La oposición en el Parlamento gallego no ha tardado en criticar la actitud del Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo. Así, Noa Presas, diputada del Bloque Nacionalista Galego ha indicado que la conclusión de sanción es “escandalosa”, al tiempo que la considera un ‘aviso para navegantes’ por parte de la Xunta que, de este modo, busca “amedrentar” a todo el personal sanitario.

También contundente ha sido el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. A su juicio se trata de una “sanción política” y lo peor “de la política revanchista y el abuso de poder” por parte del PP.

Al igual que la parlamentaria del BNG, el líder del PSdeG ha hablado de “intento de intimidación” hacia quien se situó como defensor de la sanidad pública.

Cabe subrayar que, desde años antes de la pandemia, sindicatos, partidos políticos, asociaciones y entidades que aglutinan a profesionales sanitarios denuncian los continuos recortes practicados por la Xunta de Galicia en la sanidad pública.