La sanidad pública es uno de los grandes 'debes' en la gestión de Alberto Núñez Feijóo durante sus más 13 años al frente de la Xunta de Galicia. Las quejas que ahora parecen multiplicarse, en realidad, son una consecuencia de las políticas de recortes y gestión deficiente que, a tenor de las denuncias que desde hace años realizan colectivos como SOS Sanidade Pública, sindicatos como CESM Galicia o Enfermeiras Eventuais en Loita, por citar solo algunos, es algo de lo que vienen avisando y que la pandemia a sacada a la luz.

Es para muchos la patata caliente o la herencia envenenada que el ahora máximo responsable del PP nacional le ha dejado a su sucesor en la región.

A medida que pasan los días de verano, esas carencias de la sanidad pública se vuelven insoportables en algunos lugares debido a la escasez de personal médico y de enfermería y el incremento de la población por los desplazamientos estivales.

Una de las áreas sanitarias que mayores problemas genera es la correspondiente a Pontevedra-O Salnés, donde a las denuncias del colapso y caos en las urgencias de principal hospital de la capital de las Rías Baixas, se suman episodios concretos con nombre y apellidos que, desde luego, parecen no dejar en buen lugar a la Xunta, la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde.

Esta vez, el punto de mira se fija en la empresa concesionaria del servicio de ambulancias que presta servicio en esta zona de la región y dos casos concretos ocurridos en la zona.

El primero de ellos ha tenido como protagonista a un anciano de 84 años de Sanxenxo. Esta persona tuvo que esperar 20 horas a que llegara el vehículo medicalizado para su traslado al centro hospitalario correspondiente. El otro caso que también mencionan desde el sindicato médico ocurrió el pasado jueves y es el de una niña de 12 meses que presentaba un traumatismo craneoencefálico muy grave. La ambulancia que la llevó desde el Hospital Provincial situado en Pontevedra al Complejo Hospitalario de Santiago se demoró en llegar al centro pontevedrés una hora.

Dicen desde CESM que “las esperas de 8 horas para los traslados son habituales”.

Posible prevaricación

Esta organización señala en un comunicado directamente a la empresa que se encarga del servicio de ambulancias. A su juicio se produce un “reiterado incumplimiento” del contrato por parte de la concesionaria en el área de Pontevedra-O Salnés, y exige su “resolución inmediata al gerente, José Ramón Gómez Fernández”.

Una vez más, los recortes parecen estar detrás de todo. Así, apuntan desde el sindicato médico a que una de las consecuencias de la “merma” en la calidad del servicio está “directamente relacionada con la reducción de 4 vehículos con respecto al contrato anterior”, pasando de 42 a 38 por un “puro criterio economicista de la Xunta para adjudicar este servicio durante tres años por un importe total de 11.362.010,19 euros”. No obstante, a esto suman el incumpliento reiterado de las cláusulas propuestas por la empresa adjudicataria, algo que redunda de manera negativa en la propia calidad del servicio.

Para CESM es “incomprensible” que, después de año y medio de vigencia de este contrato, no se haya iniciado por parte de la Gerencia del área sanitaria un expediente de resolución o los correspondientes a “penalizaciones económicas por incumplimiento manifiesto del contrato”. La conclusión a la que llegan es que esta inacción “denota cierta complicidad” entre la empresa y los responsables sanitarios en esta zona.

Incluso van más allá y no descartan que el gerente de esta zona dependiente de la Xunta de Galicia “podría estar incurriendo en un delito penal de prevaricación administrativa, por permitir que la empresa” incumpla las citadas cláusulas, con un “claro perjuicio grave tanto para la propia administración autonómica como para los usuarios del servicio de ambulancias”.