ONG denuncian que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, sigue poniendo trabas a las personas migrantes en situación irregular para acceder a la Sanidad Pública. La situación era muy preocupante en pandemia, tal y como expone Sol Martínez, coordinadora en la capital de la asociación Médicos del Mundo, pero el hecho sigue siendo llamativo.

 “Las barreras que tenían antes estas personas eran la que teníamos toda la población, pero a ellas se les sumaba que muchos no hablaban el idioma, la atención telefónica era más complicada para ellos”, expone a ElPlural.com. “Pero todavía las hay. Algunas de ellas tienen que ver con el Real Decreto y otras a una aplicación más restrictiva por parte de la Comunidad respecto de estas medidas”, añade.

La asociación hace hincapié en las Unidades de Tramitación Especializada, siendo estos centros que empezaron a funcionar en noviembre del año pasado y en los que se realiza la gestión que da acceso al sistema sanitario a ciudadanos extranjeros en situación irregular y que, en ocasiones, cuenta la responsable en Madrid de la ONG “parecen policías”. “Además hay un pensamiento generalizado de que estas personas vienen por turismo sanitario”, lamenta.

Miles de personas sin atender

Médicos del Mundo es un ejemplo de la situación que otras ONG como Yo sí sanidad Universal, así como los profesionales sanitarios en sí mismos vienen meses, incluso años, denunciando. Su último informe, elaborado en el mes de mayo y facilitado a este medio cifra en 536 las personas que no habían tenido acceso a la sanidad; un número que supera las 600 a día de hoy y en lo que va de año.

Asimismo, la mayoría de personas que ellos han atendido presentaban patologías de salud mental, enfermedades oncológicas, diabetes o hipertensión; pero también han ayudado a menores que incluían la necesidad de atención temprana, mujeres embarazadas u otras que querían interrumpir su embarazo. A ellos, la Cadena Ser suma otros casos que presentan cuadros graves e infecciosos de tuberculosis o VIH.

El total de migrantes irregulares que se enfrentan a estas trabas se cuentan finalmente por miles. Entre los problemas principales que encuentran los afectados expone que la Comunidad exige como documento de identidad un pasaporte en vigor o que no siempre admite los informes de trabajadoras sociales como documentos acreditativos de residencia cuando las personas tienen dificultades para empadronarse.

¿Qué dice la Consejería?

Varias sociedades, como la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas o la Sociedad Española de Salud Pública y la Asociación Española de Pediatría han mantenido reuniones con la consejería de Sanidad, quien les ha pedido que remitan los casos detectados -algo que en muchas ocasiones no es factible por la carga de trabajo que tienen los profesionales- a la vez que mantiene que la atención sanitaria está garantizada para todo el mundo independientemente de la situación administrativa de la persona.

Defienden asimismo que las Unidades de Tramitación Especializada han facilitado el acceso a la sanidad a 30.000 extranjeros irregulares, aunque la realidad muestra lo contrario.

El precio a pagar de los Presupuestos con Vox

Así las cosas, la oposición apunta también a estos centros, de los que hay siete en la Comunidad, pero en tono contrario. El diputado de Más Madrid, Javier Padilla, lamenta que están dejando al descubierto las dificultades de estas personas para acceder al sistema sanitario: "Estamos viendo situaciones que no estábamos viendo antes, como niños que llegan sin ser vacunados o mujeres embarazadas que durante su seguimiento sanitario no han sido tratadas, cuando antes no era lo habitual". A pesar de lo que sostiene el equipo de Ayuso, señala, se da una "limitación que se ceba con las personas que se encuentran en mayor situación de desprotección". 

Desde el PSOE también acusan el comportamiento del ejecutivo regional. La portavoz de Servicios Sociales en la Asamblea, Lorena Morales, recalca a este medio que la Comunidad está llevando a cabo una "política de segregación" fruto de los Presupuestos aprobados con el beneplácito de Vox. "Han dejado a 27.000 personas fuera del sistema sanitario, sin importar si eran mujeres embarazadas e incluso a los menores acompañados que está tutelando la CAM (...) Es una vergüenza e impropio de una Comunidad tan rica; que además va en contra del Decreto de 2018 que nos devolvía la sanidad universal que nos quitó Mariano Rajoy", apostilla.