La sanidad privada en España venía registrando hasta la pandemia crecimientos anuales en torno al 4%, que se han disparado hasta el 8-10% en 2021 y lo que llevamos de 2022. Ya son más de 11 millones las personas que cuentan con un seguro de salud privado en España. Este crecimiento está impulsado por el deterioro de la atención primaria en la sanidad pública, gestionada por las comunidades autónomas, a la que la covid le ha roto las costuras y por la implacable publicidad de las aseguradoras y los bancos con sus ofertas de pólizas por todos los canales. Hasta Movistar oferta ya seguros de salud a sus abonados.

Las listas de espera en la sanidad pública para intervenciones quirúrgicas y consultas con los especialistas constituyen uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Pero, se ha ocultado que la sanidad privada está ya igual de atascada que la pública en las consultas para las especialidades con más demanda.

En las grandes ciudades si se pide cita para Dermatología, por ejemplo, te la dan para octubre: detrás del problema señalado están las insuficientes retribuciones del personal en las aseguradoras privadas, determinadas ofertas de bajo coste en pólizas y las presencia de fondos de inversión en el sector sanitario que solo buscan altas rentabilidades al precio que sea.

Más allá de todo lo expuesto sobre el problema de saturación en la atención sanitaria privada, está la promoción de la desigualdad frente a los planteamientos igualitarios del Servicio Nacional de Salud (SNS). El sector público está obligado por ley a una transparencia que no se le exige al privado: publicidad de las listas de espera, indicadores de calidad en la atención. En este contexto, ya han surgido voces de algunas asociaciones empresariales de la sanidad privada que plantean establecer tarifas premium para garantizar una atención rápida y sin espera alguna. Salud express para el que pague más y colas para el resto para fomentar una sociedad injusta, insolidaria y desigual.

No extraña, por lo tanto, que el anteproyecto de “Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” aprobado recientemente por el Consejo de Ministros haya suscitado la protesta de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (Acehpm). La llamada Ley de Equidad pretende blindar a la sanidad pública frente a los intentos de privatizar la gestión sanitaria de las comunidades con gobiernos de la derecha: Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia.