Ninguna de las dos investigaciones abiertas a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han acreditado que el material suministrado sea fiable. Ni la Fiscalía Anticorrupción, que ceRró sus pesquisas en junio del año pasado, ni la Fiscalía Europea, que hizo lo propio hace un mes, han podido garantizar que la fábrica china donde se produjo el material que Díaz Ayuso vendió a la administración pública madrileña estaba acreditada por su país para evaluar la seguridad de los cubrebocas, según los decretos de archivo de ambos órganos.

Los mencionados decretos, tal y como publica El País, ponen también de manifiesto la falta de colaboración de las autoridades chinas para aclarar la cuestión. El archivo del caso que investigaba el contrato del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso se oducido a pesar de que es notorio que al principio de la pandemia surgieron en China numerosos fabricantes de mascarillas que con gran oportunismo vendieron a Occidente diferentes materiales de protección ineficaces que pusieron en riesgo a la población.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendía el mes pasado a su hermano tras conocer el cierre del segundo de estos procedimientos asegurando que se trataba de “una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos”. Sin embargo, las dos investigaciones no han podido despejar las dudas sobre la operación en la que participó el hermano bajo el paraguas de un amigo íntimo, Daniel Alcázar, quien vendió a la Comunidad 250.000 mascarillas por 1,5 millones por medio de su empresa de ropa de moda, Priviet Sportive. Los mencionados cubrebocas, a seis euros la unidad con el IVA, eran los cuartos más caros que fueron vendidos a la Comunidad entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020, según las investigaciones de ambas fiscalías.

Determinar la calidad de las mascarillas era relevante para los investigadores porque despejaban la duda sobre si Tomás y Alcázar pudieron suministrar con ánimo de lucro mascarillas de inferior calidad a la Comunidad de Madrid. El problema parte del momento de la recepción del producto por la Comunidad en abril de 2020. En aquel momento, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no hizo ningún control del producto y se fio de los certificados que aportó Priviet. De hecho, la Comunidad ni siquiera supo a qué fábrica habían comprado el material Tomás Díaz Ayuso y Daniel Alcázar. Los dos amigos presentaron la documentación de una empresa china de cables eléctricos tanto al Sermas, en abril de 2020, como a la Fiscalía Anticorrupción, que inició su investigación en febrero de 2022, y en sus respectivos interrogatorios aseguraron haber contratado con ella. Sin embargo, tras dos meses siendo investigados, rectificaron su versión y el 29 de abril, Alcázar aseguró a los fiscales que había comprado a otra empresa china, una fábrica de aluminio.

Se trata de empresas dudosas que no figuraban en las denominadas como “listas blancas” de productores autorizados por el Gobierno de Pekín. Esta lista de nombres de empresas pretendía evitar fraudes en las compras internacionales. 

La clave en el examen de los fiscales ha sido la presentación de los certificados de calidad de las mascarillas de esta segunda fábrica, que han sido considerados suficientes a pesar de que no ha quedado demostrado que fueran válidos. De hecho, la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) concluyó que el fabricante chino de las mascarillas no poseía acreditación para realizar ensayos de mascarillas.

El otro certificado solo lo menciona la Fiscalía Anticorrupción y pertenece a un laboratorio italiano, Ente Certificazione Macchine, que tampoco estaba autorizado por la Comisión Europea para acreditar mascarillas y que ha sido denunciado por la European Safety Federation, la patronal europea de importadores de EPIs, European Safety Federation. Esta falta de autorización para acreditar equipos de protección individual se puede comprobar en la base de datos europea Nando y fue reconocida en su momento a este periódico por la propia empresa. Pese a todo, la Fiscalía Anticorrupción dio por bueno ese certificado italiano.

Dado que la compra se hizo con fondos europeos Feder, la Fiscalía Europea abrió una investigación propia, que señalaba más dudas sobre la operación debido al repentino cambio de versión de los investigados, deslizando una posible estafa. Así, indicaban que el Sermas no sabía nada de ese segundo fabricante. De hecho El País publicó lo sucedido. Tras indicar que el hermano de la presidenta Ayuso había comprado unas mascarillas piratas, la cuenta de Twitter de la Comunidad calificó de “falsa” esa noticia basada en la propia información que hbaía suministrado al citado medio el Gobierno regional.