El fiscal general del Estado apoya a los fiscales del Tribunal Supremo en su apuesta por incorporar a la obligada revisión de la sentencia de los dirigentes independentistas la acusación por desórdenes públicos agravados y la de malversación en su variante más grave, en sustitución del derogado delito de sedición, lo que vendría a dejar las cosas como están en materia de inhabilitación de los sentenciados y posteriormente indultados. De esta manera, viene a dar la razón a las tesis de Junts y de Carles Puigdemont que han defendido que la desjudicialización aplaudida por ERC no es otra cosa que un brindis al sol. El don de la oportunidad del ministerio fiscal aporta un motivo adicional a la movilización convocada contra la cumbre Sánchez-Macron para proclamar que el Procés sigue vivo.

El anuncio de la fiscalía general sobre su posicionamiento en la revisión de condena por parte del Tribunal Supremo implica automáticamente el recurso contra la reciente interlocutoria del juez Pablo Llerena para intentar la extradición de Carles Puigdemont y el resto de dirigente independentistas huidos desde 2017. Llarena limitaba las acusaciones para redactar nuevas euroórdenes a la malversación y la desobediencia, descartando la aplicación de los desórdenes públicos agravados por no encajar, a su juicio, en los hechos perseguidos como sustitutos de la sedición derogada. Al tiempo que se daba a conocer la opinión del fiscal general, se anunciaba también el papel del presidente de la Generalitat en la cumbre hispanofrancesa, limitándolo al del anfitrión protocolario, lo que se ajusta a las críticas formuladas por Junts contra la participación de Pere Aragonés en la reunión intergubernamental del próximo jueves.

El posicionamiento del fiscal general, Álvaro García, en la línea de los fiscales del Tribunal Supremo, viene a dar la razón a Pedro Sánchez y sus ministros que han repetido machaconamente que la derogación del delito de sedición no implicaba la despenalización de los hechos de 2017, ante las acusaciones del PP que así lo aseguran. De todas maneras, habrá que esperar a la decisión del tribunal presidido por Manuel Marchena en la revisión de condena para saber si la delicada posición en la que queda ahora mismo ERC frente a sus críticos queda consolidada o se modifica. Por el contrario, Carles Puigdemont ve avaladas sus suspicacias ante la reforma del Código Penal y sus declaraciones afirmando que “no regresaré ni esposado ni rendido ante un juez español por el solo hecho de que sea indulgente” alcanzan mucho más sentido que en el momento de ser formuladas, cuando Llarena solo le reclamaba por malversación y desobediencia.

ERC aparece empantanada en su posición política minoritaria. Su logro más notable ha sido la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, pero de prosperar la posición del ministerio fiscal prácticamente quedaría en poco, dando la razón a sus detractores que le acusan de haberse entregado al PSOE por nada. Y su esperanza de salvar la legislatura con la aprobación de los presupuestos autonómicos decae a cada día que pasa por la posición del PSC de exigir el todo o nada en la negociación de las cuentas y por el desinterés manifiesto de Junts de participar en un acuerdo a cuatro que salve la minoría absoluta que detenta ERC en el Parlament.

La reunión entre Pere Aragonés y Salvador Illa del fin de semana solamente sirvió para certificar la distancia que les separa en la negociación presupuestaria y los macroproyectos paralizados en Cataluña (ampliación aeropuerto, ronda Vallés, el proyecto de Hard Rock). A estas horas, ERC ya acusa abiertamente al PSC de chantaje por sus exigencias extrapresupuestarias y los socialistas afean a los republicanos (sin levantar demasiado la voz para no complicar más la vida a Aragonés) su doble juego ante la cumbre hispanofrancesa. ERC ha intensificado su apoyo a la manifestación convocada inicialmente por los radicales, que se celebrará mientras el presidente de la Generalitat se fotografía con Macrón y Sánchez.