Faltan 14 días para el Día D, primero de octubre, para que se celebre (o no) el referéndum para decidir (o no) la independencia de Catalunya. Y de momento nadie, ni los convocantes ni los opositores, tienen una idea clara del resultado. Junts per Si, con el President de la Generalitat a la cabeza, tiene “claro” que significará la victoria de la democracia, la voz del pueblo, frente a la derrota de la legalidad impuesta por instituciones desacreditas y obsoletas. Mientras el Estado Español, el Gobierno de Rajoy y el Tribunal Constitucional, sostienen la ilegalidad de la consulta y afirman muy seguros de si mismos que no se va a celebrar. Ambos piensan vencer, pero cabe la posibilidad de que ambos resulten políticamente derrotados.Y, entonces ¿qué?.

Es un hecho que al menos un 70% de los catalanes se declaran partidarios de una consulta. Pero no todos, ni mucho menos, están dispuestos a participar en el referéndum convocado al considerar que no cumple unas mínimas garantías de legitimidad que lo hagan homologable y admisible no sólo para España sino para la comunidad internacional. Entre otros déficits no se exige una participación mínima, ni un respaldo superior mayor de la mayoría simple. Al mismo tiempo choca contra su propia falta de representatividad. Hasta el momento sólo ha podido medirse objetivamente su apoyo a través de los resultados electorales, y resulta indiscutible que sus planteamientos recibieron el apoyo del 47,8% de los votos en las elecciones catalanas de 2015. Y para más inri la mayoría independentista en el Parlament y el Govern al que sostiene imponen la aprobación de leyes “de desconexión” con España incumpliendo la legalidad constitucional, en contra del reglamento y del criterio de los técnicos y funcionarios de las Cortes catalanas. Parten de la base de que ya representan a otro Estado que no es el español. Lo que hacen es sustituir una legalidad por otra, cuya legitimidad quedaría pendiente de confirmar en un referéndum que, obviamente, también es ilegal.

Pero, además, también debería ser básico informar de una manera completa, objetiva y profunda del contenido y de las consecuencias que tiene votar una cosa u otra. Hay que leer con atención especialmente la denominada Ley de Transitoriedad de la República, ahora suspendida, que en su caso regiría hasta la elaboración de un nuevo texto fundamental, que se autocalifica como “Norma Suprema” y deroga la vigencia en ese territorio tanto de la Constitución Española como del actual Estatuto de Autonomía. Reproduzco parte de un reciente artículo de Soledad Gallego-Díaz :” A la vista de lo ocurrido en estos días, la oposición no debe respirar con un mínimo de tranquilidad (…).Especialmente las consecuencias sociales y económicas que tendrá a corto y medio plazo para todos. El compromiso social de esa ley es más débil que el de la Constitución Española.  El reconocimiento de derechos sociales en la ley aprobada en el Parlament se reduce a cuatro líneas. El reconocimiento de los Derechos Sociales se reduce al punto segundo del artículo 23, exactamente cuatro líneas, 40 palabras, de un total de 45 folios.  Además se reflejan otras ambigüedades entre otras la que mantiene al poder judicial catalán bajo el control de los políticos. Este, no es el camino.

Y en la otra frontera, la cerrazón es ley. El toma y daca comienza a radicalizarse el 2006 con la aprobación del Estatut  y la campaña de rotunda oposición llevada a cabo por  el Partido Popular  incluida recogida de firmas en las calles. Y cuatro años después, el 2010, la sentencia del Tribunal Constitucional invalidando numerosos preceptos del Estatut aprobado por el Parlament y el pueblo catalán, que fue consultado el 18 de junio de 2006, con algunas supresiones de trascendencia notables que afectan en profundidad el corpus legal del texto estatutario. Y con una serie continua de desencuentros, con las Diadas como referencia del “estado de ánimo ciudadano”, llegamos al culmen actual. Como muestra un comentario de ilustre director del programa estrella de una emisora de radio: “Ahora no es la hora de la política. Los independentistas han quemado sus naves. Es la hora de la justicia”. Palo sin zanahoria. Y en la misma tesis se ubica Mariano Rajoy al proclamar que “la principal obligación de un Gobierno es hacer cumplir la ley” o exige a los dirigentes independentistas que “dejen de poner las instituciones a su propio servicio”. Debería ser consciente de que su credibilidad es escasa. Cualquiera que conozca la historia del caso Gürtel o el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional durante años o la actuación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en operaciones policiales para desacreditar a opositores políticos sabe que una de las causas del descrédito de la política es el uso y abuso personal y partidista que durante años han hecho de las instituciones. Ahora es necesaria la mesura y la proporcionalidad en la gestión del palo y de la zanahoria.

No somos pocos los que, sin ser equidistantes, creemos que ha llegado la hora de la política. Sea cual sea el relato del 1º de Octubre, sea quien sea el ganador o el perdedor, nadie habrá ganado y habremos perdido todos. El día 2 de octubre la realidad será la misma. Mientras, seguimos obtusos a cualquier posibilidad de buscar (¡y encontrar!) una salida democrática y pacífica a este endemoniado laberinto. Son mayoría según todos los sondeos los que consideran la naturaleza política del conflicto. Y tal realidad obliga a ambos frentes a la reflexión, al dialogo, al pacto…incluida la revisión de leyes que no corresponden a la realidad vigente, y (¿por qué no?) la Constitución de 1978.