La división general que asola el independentismo desde que los sueños se torcieron allá por el año 2017 ha alcanzado finalmente a la ANC, l’Assemblea Nacional Catalana. Primero fueron los partidos independentistas (Junts, ERC y la CUP) los que se enfrentaron entre ellos, luego las entidades base de la movilización (ANC y Òmnium) se alejaron públicamente y, finalmente, la propia ANC ha debido aceptar el cisma interno. Trece miembros del secretariado nacional y un vicepresidente han presentado la dimisión por discrepancias con la nueva jugada maestra del movimiento soberanista: la lista electoral cívica.

No se trata de que unos estén a favor y otros en contra del invento, no, las diferencias radican en la concepción de esta lista como una iniciativa tan solo electoral o como pieza central de la estrategia del embate final contra el Estado español, sin violencia, por supuesto. En el trasfondo de esta crisis, están los intereses del Consell per la República y de Carles Puigdemont de intentar maniobrar para que esta candidatura sea algo más que una simple operación de castigo a ERC y de rebote a Junts. Los republicanos no han tenido casi nunca ningún peso en la ANC, a diferencia de la influencia que mantienen en Òmnium.

La ANC nació en 2012 con una hoja de ruta sencilla. La independencia llegaría por vía de urgencia tras un referéndum convocado por la Generalitat que la Unión Europea aplaudiría de forma unánime y en cuatro días el nuevo estado sería miembro de la Unión Europea y de la OTAN, sin mayores contratiempos. Tan convencidos estaban de la inminencia y de la inevitabilidad de su proyecto que la estrategia de la asamblea popular estaba estudiada para un par de mandatos de dos años, dando por descontado que una vez establecido el estado catalán el papel de la ANC no tendría sentido. Las cosas no sucedieron como estaban previstas y la república catalana se quedó en los rótulos de algunos municipios ensimismados en lo que pudo ser y no fue.

La ANC ha dejado para la historia las multitudinarias manifestaciones de la Diada con las que se sustrajo el carácter de la fiesta nacional de Cataluña en beneficio del independentismo, el impulso de Junts pel Sí, la candidatura unitaria entre CDC y ERC en las elecciones de 2015 que se quisieron convertir en plebiscito, y su papel logístico en la organización y celebración del 1-O. A partir de ahí, se materializaron los peores vaticinios de su análisis fundacional: los partidos defraudarían el empuje soberanista de los ciudadanos. Y así se llega a la situación actual, la idea de plantear una alternativa a estos partidos como fórmula para encontrar una nueva vía.

La actual presidenta de la organización, Dolors Feliu, al acceder al cargo, exigió al gobierno de Pere Aragonés que proclamara una nueva declaración unilateral de independencia durante el segundo semestre de 2023. Sin embargo, antes de cumplirse el primer trimestre, la ANC ha entrado en crisis por las diferencias, aparentemente insalvables, por la manera en la que debería concretarse la lista cívica. El sector minoritario del secretariado nacional, 13 miembros de 72m ha dimitido en bloque por la decisión de la mayoría de seguir adelante con la propuesta, a pesar de no haberse logrado el consenso. Han acusado a Feliu de autoritaria y antidemocrática, adjetivos reservados hasta ahora al Estado español.

La lista cívica es una idea que comparten diversos sectores del independentismo, además de la ANC. El Moviment per la Independència también la plantea, pero en un sentido diferente. En este movimiento militan buena parte de los impulsores y fundadores de la propia ANC, defraudados por el papel de la organización desde 2017. Ambas organizaciones tienen prevista la celebración de sendas conferencias nacionales para la creación del estado propio y está por ver si lograrán fundir las dos iniciativas en una sola. Las dimisiones de este fin de semana no son ajenas a este proceso de discusión en paralelo.

La diferencia esencial está en la perspectiva de esta lista cívica. Bien entendida como una simple candidatura electoral para pasar factura a los partidos, en realidad para debilitarlos a todos; o bien, incorporada al diseño de una estrategia a medio o largo plazo para situar al Consell per la República al frente del nuevo proceso para enfrentarse al estado. La lista única y cívica representaría el golpe final para proclamar la independencia.