Valencia amanece bajo cielos tranquilos, pero con la memoria empapada. Hace justo un año, la DANA lo inundó todo: calles, casas y confianza en los responsables públicos. Aquella riada de septiembre dejó no solo víctimas mortales y pérdidas materiales, sino una herida moral que sigue abierta. Hoy, la calma meteorológica contrasta con la tormenta política que rodea a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, cuestionado por su papel durante y después de la tragedia. Las familias de las víctimas le exigen un gesto. Y la ciudadanía, un veredicto. La pregunta está servida: ¿debería dimitir Mazón?
Han pasado doce meses desde aquella jornada en que los cielos se desplomaron sobre la Comunitat Valenciana, dejando más de doscientas víctimas mortales y municipios enteros bajo el agua. Las imágenes del desbordamiento del río Clariano, las carreteras anegadas y los rescates improvisados siguen grabadas en la retina colectiva. El desastre natural se transformó pronto en un desafío político que aún no ha encontrado cierre.
La reconstrucción avanza, pero lo hace a un ritmo desigual. Algunos municipios han logrado rehacerse, mientras otros siguen esperando ayudas que se anunciaron con urgencia y que no llegaron en el plazo prometido. El malestar persiste en las zonas más afectadas, donde la sensación de abandono se mezcla con la frustración ante una administración que, según los vecinos, no estuvo a la altura de la magnitud del desastre.
La figura de Carlos Mazón ha quedado inevitablemente ligada a la DANA. Desde entonces, su Gobierno ha intentado proyectar una imagen de control y compromiso, presentando nuevos planes de prevención y obras hidráulicas para evitar que algo así vuelva a suceder. Sin embargo, el relato institucional choca con el recuerdo ciudadano de los primeros días: una respuesta lenta, una coordinación confusa y una gestión que, para muchos, evidenció la falta de preparación de las autoridades ante emergencias climáticas de gran escala.
La oposición le acusa de haber minimizado los avisos meteorológicos y de resistirse a asumir responsabilidades políticas claras. En paralelo, los informes técnicos elaborados durante el último año apuntan a deficiencias en la comunicación interna, errores de coordinación y retrasos en la activación de los protocolos de emergencia. El aniversario de la catástrofe reaviva esas críticas y lo sitúa, de nuevo, en el centro de un debate que va más allá de la política: el de la confianza.
El acto de homenaje por las víctimas celebrado en Valencia ha dejado entrever el clima de división que persiste. Parte de las familias se sienten aún desamparadas y consideran que la administración autonómica no ha cumplido sus compromisos. Otras optan por centrarse en la reconstrucción, evitando confrontaciones en un momento de dolor compartido.
Mientras tanto, Mazón asiste al aniversario con la intención de proyectar serenidad y sentido institucional. Pero su presencia genera reacciones encontradas: para algunos, simboliza responsabilidad y continuidad; para otros, es un gesto que reabre la herida y agrava la distancia entre la política y la ciudadanía.
La gestión de una tragedia no termina con la última gota de lluvia, sino cuando se restablece la confianza pública. Y esa confianza, un año después, sigue resquebrajada. Las promesas incumplidas, los plazos eternos y la falta de autocrítica alimentan la percepción de que el Gobierno valenciano no ha sabido dar una respuesta a la altura de la emergencia. La sociedad valenciana recuerda, observa y evalúa. Y lo hace con una pregunta que no deja de resonar: ¿Debe Carlos Mazón dimitir por su gestión durante y después de la DANA?

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