La Generalitat Valenciana ha perdonado a las empresas que pusieron en peligro a sus trabajadores el 29 de octubre de 2024 y obligaron a sus trabajadores a acudir presencialmente a sus puestos ese y los días posteriores a la DANA, pese a haberlo perdido todo o a residir en localidades en las que las casas y las carreteras habían desaparecido. El Govern de Carlos Mazón ha indultado por la puerta de atrás a los empresarios que la Inspección de Trabajo había expedientado por presionar, coaccionar o incluso despedir a ciudadanos afectados por la catástrofe, pese a que el propio Ministerio de Trabajo emitió una norma que los blindaba.
Los trabajadores no tenían que haber acudido a trabajar presencia hace un año, como advertía la alerta roja climática y confirmaron las imágenes reveladas después; ni en los días posteriores. Sin embargo, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, se dedicó a emitir salvoconductos ilegales y, aunque desde el departamento de Yolanda Díaz la respuesta fue casi inmediata, más de un centenar de empresas actuaron contra lo trabajadores. “El ministerio de Trabajo dictaba normas para que la gente no fuera a trabajar y el conseller firmaba salvoconductos obligando a la gente a trabajar y poner en riesgo su vida”, ha revelado la ministra.
Más de 106 expedientes sancionadores revocados
Un conseller que llegó a pedir la activación de los ERTEs pese a que llevan vigentes desde la pandemia. “Lo primero fue dictar una orden para impedir que eso pasara porque la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado”, ha explicado la también vicepresidenta segunda del Gobierno. El siguiente paso fue de las autoridades laborales. “La Inspección de Trabajo valenciana expidió más de 106 expedientes sancionadores por lo que no debieron haber hecho las empresas y la gestión del Partido Popular (PP) las ha revocado todas”, ha destapado, dejando constancia de “la diferencia de gobernar para la gente o ponerse al servicio para las empresas”.
Este proceder del Ejecutivo de Mazón a posteriori, pero también las bochornosas imágenes de muchos atrapados en sus puestos, de los que algunos acabaron muriendo, resultando heridos o quedando atrapados durante horas, son un ejemplo más de que hasta las catástrofes entienden de clases. Y de que quien gestiona las administraciones públicas también. 229 muertos que podrían haber sido menos si la alerta se hubiera mandado mucho antes o si miles y miles de trabajadores no hubiesen sido obligados a acudir a sus trabajos en una situación de excepcionalidad.
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