La fuerza de la realidad ha obligado a ERC y Junts a cerrar un primer pacto con el PSC a pesar de seguir vigente el acuerdo preelectoral de ambos partidos independentistas para mantener aislados políticamente a los socialistas. La exigencia de mayorías cualificadas para renovar los organismos dependientes del Parlament ha impuesto el papel del PSC. El primer paquete de acuerdos contempla la Sindicatura de Greuges, el Consell del Audiovisual, el consejo de administración de TV3 y Catalunya Ràdio y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. A partir de ahí, todo será más fácil para la actualización del resto del entramado institucional.

La elección de Esther Giménez Salinas como nueva Síndica de Greuges supone un intento de recuperar el prestigio de la institución, muy castigado por la gestión de Rafael Ribó, exageradamente alineado con la estrategia gubernamental. Giménez Salinas fue vocal del Consejo del Poder Judicial y rectora de la Universidad Ramon Llull, llegó a sonar como consejera de Justicia de Artur Mas y es casi un homenaje al desaparecido universo convergente bien visto por los socialistas.

La designación de Meritxell Borràs como presidenta de la Autoridad Catalana de Protección de Datos representa otro tipo de homenaje. La ex consejera de Gobernación fue condenada por desobediencia por el Tribunal Supremo en el juicio del Procés y una vez cumplida su condena de inhabilitación de un año y ocho meses regresa a la actividad institucional con un premio de escasa proyección pero con mensaje para todos los condenados.

El resto de nombramientos satisface a ERC, que obtiene la perseguida presidencia de la CCMA para Rosa Romà, a cambio de ceder a Xevi Xirgu, relator oficial de las aventuras de Carles Puigdemont, la presidencia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Quedan por conocer los nombres de los directores de TV3 y Catalunya Radio, la parte del león del pacto que corresponderán a profesionales cercanos a ERC y Junts, como estipula la tradición. A falta de presidencias y directores, el pacto permite a los socialistas el reconocimiento inevitable de su condición de primer partido del Parlament y su regreso con fuerza al escenario institucional autonómico.  

El reto para los socialistas es conseguir que esta primera victoria de la realidad no sea solo un hecho momentáneo, un espejismo provocado por las exigencias parlamentarias. No será fácil porque sus interlocutores han hecho virtud del rechazo sistemático al primer partido del Parlament convertido en agente del estado perseguidor. La renovación institucional llega en el plazo prometido y justo en una coyuntura delicada para las relaciones políticas de la mayoría independentista y el PSC, radicalizadas de nuevo por la sentencia del 25% de implantación del castellano en el horario lectivo de la escuela catalana.

La lectura de unos efectos matizados defendida por los socialistas choca frontalmente con la apocalíptica e interesada versión divulgada por los independentistas sobre una pronta muerte del catalán, a pesar de haberse salvaguardado el carácter vehicular en las aulas con el 75%. Los partidarios del 100%, un monolingüismo que nunca se ha dado en el sistema escolar de la inmersión lingüística han ganado notoriedad, llamando a la movilización y señalando al PSC como cómplice del retroceso.

De seguirse el protocolo no escrito de la lógica de ERC seguida hasta la fecha, a un acercamiento forzado como el registrado con la renovación institucional y a un pacto voluntario como el de los presupuestos generales del Estado, ambos con los socialistas de beneficiarios, debería seguir una escalada verbal y literaria de radicalismo procesista o, cómo poco, de distanciamiento público del funcionamiento del Estado Autonómico. El conflicto lingüístico alentado por sus socios de Junts les ofrece el escenario adecuado para lo primero y lo segundo se puede cumplir fácilmente con el recrudecimiento de la pandemia y la moderada y tardía reacción ofrecida por el presidente Sánchez.