Carles Puigdemont y Junts per Catalunya presionan a Esquerra Republicana para que haga todo lo que sea necesario para investir a Puigdemont. El primer paso ha sido entrar al registro una petición de voto delegado para Puigdemont y Clara Ponsatí y Lluís Puig, los tres en Bélgica.
JxCat esgrime que el acuerdo de las fuerzas soberanistas es que ERC tenga la presidencia del Parlament y la mitad del nuevo Gobierno, mientras que a JxCat le corresponde la presidencia de la Generalitat con Puigdemont. En cuanto a la CUP, por su parte, se puede añadir, pero ahora la aritmética lo hace prescindible a diferencia de la anterior legislatura.
Pero hay un problema para la investidura de Puigdemont. Los servicios jurídicos del Parlament ya han dejado claro que el candidato tiene que estar presente y que no se puede hacer una investidura vía telemática ni por delegación. Del mismo parecer es el Gobierno español, el cual ya ha anunciado que si se recurre a este mecanismo lo llevará al Tribunal Constitucional. Desde ERC ya se ha avanzado que en esta legislatura no se forzará el reglamento. El mismo presidente del Parlamento, Roger Torrent, es partidario de seguir las indicaciones de los letrados. Como alcalde que ha sido sabe muy bien que hay que seguir las recomendaciones de los servicios jurídicos. Pero, mientras tanto, Puigdemont presiona. Desde JxCat se deja caer que Torrent irá a Bruselas para encontrarse con Puigdemont. Preguntado por eso, Torrent ni lo afirma ni lo niega.
De momento, la Mesa del Parlament ya ha empezado a trabajar y Torrent a recibir a los representantes de los grupos parlamentarios. Los primeros al ir al despacho para la consulta han sido Xavier Domènech y Miquel Iceta. Tanto el responsable de Comú-Podem como el primer secretario del PSC han descartado apoyar a Puigdemont. Para Domènech hay que acabar con el 155, pero no lo ve posible desde Bruselas. Para Iceta, permitir la investidura sería un grave error, así como permitir la delegación del voto de los que están en Bruselas. La orden escogido por Torrent ha provocado que Ciutadans esté enfadado. Precisamente, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha soltado que la postura adoptada por Cs favorece el independentismo. A estas alturas, el PP y Ciutadans están en guerra por el voto conservador en España.
Torrent también se ha reunido con Xavier Garcia Albiol (PP) y Carles Riera (CUP). El representante del PP ha dejado claro que no apoyará a Puigdemont y que recurrirá el intento de hacerlo y ha pedido que los independentistas presenten otro candidato.
Riera, por su parte, ha dicho que Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser candidato, pero que su voto dependerá del programa político que presente.
Mientras Torrent se va reuniendo con los representantes políticos, JxCat y ERC tienen que decidir como se hace la prometida investidura a Puigdemont. Ya hay quién especula que las fuerzas soberanistas intentarán aguantar hasta el último momento, pero cuando la justicia se oponga pondrán por delante el interés general y será el propio Puigdemont quién anunciará su retirada por el bien de las instituciones catalanas. A la vez, las dos fuerzas tienen que negociar un programa de gobierno. Para los seguidores de Puigdemont todo se resuelve con la restitución, mientras que en Esquerra se propone trabajar las políticas sociales. La CUP, por su parte, sólo quiere implementar la república del 1 de octubre, por lo cual es absolutamente crítico con el cambio de parecer de los representantes de Esquerra.
Recurso judicial de Junqueras
A la vez, Oriol Junqueras ha pedido al juzgado que le permita ir a la sesión de investidura. Para la constitución del Parlament pudo delegar su voto en Marta Rovira, siguiendo las indicaciones del juez Pablo Llarena. Junqueras asegura en el escrito que si no se lo permiten recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En el escrito, Junqueras dice que "no tenemos que olvidar que la condición de diputado, y la inmunidad que comporta, nos tiene que hacer reflexionar sobre el especial status del representante político y sus relaciones con la jurisdicción penal. La filosofía que inspira la institución de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, como tan acertadamente defiende Julián Sánchez Melgar (magistrado del Tribunal Supremo y recientemente designado nuevo fiscal general del Estado) en la monografía de referencia en la materia, no es otra que la de garantizar al máximo las funciones del representante político y protegerlas, además, de la injerencia otros poderes del Estado que supondrían un desgaste de los principios democráticos".
