El Gobierno de la Generalitat se muestra mucho más tranquilo respecto de la suerte de sus presupuestos que el ejecutivo de Sánchez ante los suyos. Los Comunes se han ofrecido a la mayoría independentista para hablar de las cuentas sin condicionar su predisposición a la contrapartida de PDeCat y ERC en el Congreso, siempre que estas contengan una reforma de la fiscalidad vigente. Incluso los socialistas afirman estar dispuestos a estudiar el proyecto, aunque en este caso exigen el abandono del maximalismo soberanista en la acción gubernamental de Torra. Puede ser una calma aparente para no agravar la tensión existente frentes a las numerosas reivindicaciones económicas presentadas por funcionarios, médicos y profesores.

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, anunció la inminente presentación del documento de bases presupuestarias. Pere Aragonés, vicepresidente y titular de Economía, hace días que no habla de números, habida cuenta de las muchas incógnitas persistentes, desde el objetivo real de déficit a aplicar (0,1- 0,3), al porcentaje de flexibilización de la regla de gasto o al futuro de las promesas del gobierno Sánchez, de alrededor de 1.500 millones, de no aprobarse unos nuevos presupuestos generales del Estado. Aunque la mayoría de este dinero anunciado podría llegar mediante los decretos leyes pertinentes, esta vía quedará a expensas de cómo reaccione el gobierno de Sánchez a un eventual fracaso en su intento de aprobar los presupuestos.    

Tantas dudas le impiden a Aragonés cerrar un proyecto creíble. En las próximas semanas, además, las previsiones de gasto del gobierno catalán pueden incrementarse para intentar responder a las huelgas de sanidad y educación, dos de las grandes partidas presupuestarias, muy afectadas por los recortes en los últimos ejercicios. De momento, el conjunto de los funcionarios está en pie de guerra por la negativa a pagarles los atrasos correspondientes a las pagas de los años de la crisis.

Los números se tambalean mientras los mensajes de la oposición de izquierdas para facilitar su aprobación se redoblan. La deserción de la CUP como aliado preferente del gobierno Torra no parece que vaya a ser el principal impedimento para aprobar los presupuestos en el Parlament. Hay cola para negociarlos, aun sin conocerlos al detalle y con interrogantes muy significativos por resolver.

Los Comunes, ahora bajo la dirección indiscutible de Ada Colau, tras los cambios producidos en el último mes, han dejado de exigir, al menos públicamente, una negociación económica tripartita (Estado-Generalitat-Barcelona) para centrarse en lo que tienen más a mano, Parlament y ayuntamiento barcelonés. Su exigencia de una reforma de la fiscalidad en Cataluña fue despachada ayer por Artadi, casi riéndose, al afirmar que “cada año cambiamos la fiscalidad”. Paralelamente, anunció que Ernest Maragall, el nuevo candidato de ERC a la alcaldía, dejará de ser conseller el próximo jueves, cediendo su cargo a Alfred Bosch, hasta ahora el líder republicano en el consistorio, una señal de humo inequívoca a Colau para anunciarle una mejora de las relaciones personales y una mejor perspectiva para sus presupuestos.

La predisposición del PSC a conocer el proyecto de presupuestos de Pere Aragonés es algo diferente a la expuesta por el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, que después de reconocer su temor a que Pedro Sánchez tire la toalla en la defensa de unos presupuestos generales, centró sus prioridades la reversión de los recortes sociales aplicados en Cataluña por los gobiernos de Mas y Puigdemont. Los socialistas catalanes apenas tienen fe en una hipotética colaboración, a tenor de las declaraciones de Alicia Romero. “Queremos conocer la letra y la música”, dijo, temiéndose que la mayoría independentista siga mezclando partidas económicas y gestos políticos respecto de los presos, una combinación que el PSC rechaza.