El Ayuntamiento de Barcelona ha dicho finalmente basta. Albert Batlle, su teniente de alcalde de seguridad ciudadana, ha instado de forma pública y muy clara al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, a acabar de una vez por todas con las concentraciones nocturnas que un reducido grupo de activistas secesionistas realizan en la barcelonesa avenida Meridiana, una de las principales vías de entrada y salida de vehículos de la capital catalana. Estas concentraciones, que por lo general congregan a cerca de una veintena de personas, se han venido llevando a cabo desde hace ya más de 130 noches, día tras día desde que el Tribunal Supremo dio a conocer su sentencia contra algunos de los principales dirigentes políticos y sociales del movimiento independentista. Una de estas últimas concentraciones contó con un número mayor de participantes gracias a la previamente anunciada presencia de Lluís Llach, que se sumó a ella con el canto de “L’estaca”.

Que una gran arteria ciudadana, con una siempre elevada circulación de toda clase de vehículos, pueda verse afectada, diariamente y desde hace ya más de cuatro meses, por una concentración de tan pocas personas, revela hasta qué punto en Cataluña hemos llegado a la perversa instrumentalización del poder institucional y político. Incluso después de la pública solicitud municipal de poner fin a este grave trastorno del orden público, el gobierno de la Generalitat ha contestado con una referencia a la primacía que tiene el derecho ciudadano a la manifestación. Como si no existiese también el derecho ciudadano a la libre circulación y como si el derecho de unos fuese ilimitado y absoluto, y el derecho de los otros fuese únicamente parcial o condicionado.

Lo que viene ocurriendo desde hace ya más de 130 noches en la avenida de la Meridiana de Barcelona es un escándalo mayúsculo. Un ejemplo paradigmático del uso y abuso del poder institucional y político por parte de un gobierno, el de la Generalitat, que únicamente atiende y sirve a los intereses exclusivos del separatismo, y en concreto de sus sectores más radicales y extremistas. En la Meridiana se producen incidentes violentos -uno de los más recientes, la agresión física de la que fue objeto el periodista Xavier Rius, director del digital E-Notícies-, constantes insultos y otras agresiones verbales -y en algún caso también físicas- contra conductores que se atreven a protestar por estas concentraciones, incendios de hogueras en plena vía pública, ruidosas tracas… No obstante, el departamento de Interior de la Generalitat considera que todo ello no solo es respetable y legítimo sino que viene legalmente amparado y protegido por el libre derecho a la manifestación.

¿Qué ocurriría, en la misma avenida de la Meridiana de Barcelona, o en cualquier otro lugar de la capital catalana o de cualquier otra ciudad de Cataluña con tanta circulación de vehículos de todo tipo, un grupo de activistas  no independentistas se concentrasen noche tras noche, durante más de 130 días, impidiendo con su sola presencia la libre circulación de quien intente entrar o salir por dicha vía?

La pregunta planteada es simplemente retórica. Baste recordar, a modo de ejemplos todavía recientes, las violentas cargas que los Mossos d’Esquadra realizaron contra los concentrados y acampados tras el 8-M en el centro de la barcelonesa plaza de Cataluña -por cierto, sin alteración ninguna del tráfico rodado-, o las contundentes cargas que la misma policía autonómica realizó contra los concentrados en los accesos al Parlamento de Cataluña.

Lo que viene sucediendo desde hace ya más de 130 días consecutivos en la avenida Meridiana de Barcelona es un escándalo que ilustra a la perfección sobre la perversa, grosera y torticera instrumentalización sectaria que el gobierno de la Generalitat practica de manera sistemática, con el uso y abuso de su poder institucional y político al servicio exclusivo del independentismo y en detrimento de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía. Es una nueva versión de aquella expresión del entonces ministro del Interior Manuel Fraga Iribarne, “la calle es mía”, que tanto debió escandalizar, con razón, a Lluís Llach. O las calles, y las avenidas y las plazas, son de todos, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo, o deberemos luchar para recuperarlas. Aunque para ello sea preciso derribar otras “estacas”...