Después de que los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart fueran señalados por la Fiscalía por posibles delito de sedición y comparecieran ante la Audiencia Nacional la semana pasada, llega una nueva petición sobre ellos.

Esta vez, parte de la Guardia Civil, que ha solicitado que se bloqueen e investiguen las cuentas de las dos asociaciones. Así se lo ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en un escrito registrado a finales de la semana pasada.

Así, de ser admitida su propuesta, la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito deberían bloquear sus cuentas y facilitar a los investigadores “todas las informaciones y datos” que tengan sobre ANC y Òmnium.

La Guardia Civil quiere que la información que se facilite sea lo más completa posible, por lo que pide investigar desde cuentas, pasando por depósitos, préstamos, tarjetas de crédito, cheques, fondos de inversión… sin olvidar las personas que sean titulares y autorizadas de estas cuentas.

Imputados por sedición

Tanto Sànchez como Cuixart están imputados por sedición, la igual que el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente de la policía Teresa Laplana.

Y es que, la Guardia Civil considera que ANC y Òmnium tienen la misma responsabilidad en el camino hacia la independencia y en la organización de las concentraciones que acabaron en enfrentamientos que la Generalitat.

Las imagen del presidente de la ANC subido en lo alto pidiendo a los manifestantes que mantuvieras sus protestas durante toda la noche, unas reivindicaciones que acabaron en violencia y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional, son la principal base de que los investigadores de la benemérita crean que las dos asociaciones son los principales responsables de que una concentración pacífica acabara en choques.

Identificar a los parte de los mossos

Pero no es el único pasó que ha dado la Guardia Civil. Los investigadores del cuerpo han solicitado que se identifique “a todos y cada uno”  de los mossos que, durante el desalojo de los colegios electorales en el pasado referéndum del 1-O, se enfrentaron a ellos y a los agentes de la Policía Nacional.

También quiere la identidad de los mandos encargados de coordinar el despliegue de los Mossos que, según ordenó la Fiscalía, deberían de haber impedido la apertura de los colegios electorales el 1-O.