Puigdemont y los 13 exconsejeros tendrán que desfilar por la Audiencia Nacional los próximos días 2 y 3 de noviembre.
Después de que la fiscalía General del Estado presentara una querella contra el ya expresidente y su Govern acusándoles de sedición, rebelión y malversación, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela se ha considerado competente y ha aceptado a trámite dicha querella.
Hay que tener en cuenta que, en su escrito, la Fiscalía pedía que de ser admitida la querella, se citara a los señalados con “carácter de urgencia”. Esa urgencia parece haberse cumplido pues sólo van a pasar dos días desde que se les comunique la citación hasta que comiencen las comparecencias ante la Audiencia Nacional.
El resultado: ha citado a las 9:00 de la mañana a Puigdemint y los que fueran sus exconsellers ya destituidos por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Por ahora, la consecuencia más inmediata es monetaria. Y es que, tendrán que pagar una fianza de 6,2 millones de euros a petición de la Fiscalía en un plazo de tres días. De no hacerlo antes de que acabe el plazo, sus cuentas y bienes serán embargados.
"Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales", explica el auto del fiscal.
Puigdemont en Bruselas
No se puede olvidar que este mismo martes, Puigdemont ha comparecido desde Bruselas ante casi 200 periodistas. Allí, ha explicado el porqué de su huida de Cataluña en la noche del pasado domingo junto a cinco de sus exconsellers.
Tanto él como sus exconsellers están citados para el día 2 y 3, por lo que tendrían que viajar a Madrid desde Bruselas para cumplir con su cita judicial.
Puigdemont ha dicho que con su marcha lo que quería era "garantizar que no habrá violencia, que no habrá enfrentamientos" en Cataluña. Además, ha asegurado que ni pedirá asilo político ni pretende "eludir la justicia, pero queremos garantías jurídicas, las que se dan en Europa" y que, a su juicio en España, un Estado "opresor" no se dan.
Es decir, se ha comprometido a responder ante sus posibles responsabilidades judiciales pero, al mismo tiempo, dice que no volverá a suelo español hasta que no se le den garantías.
Forcadell y la Mesa, también citados
También este martes, el Tribunal Supremo ha citado para los días 2 y 3 de noviembre a los seis miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta Carme Forcadell, acusados por la fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Las comparecencias se producirán a partir de las 09.30 horas y los investigados deberán declarar acompañados de abogado, según explica la providencia que ha dictado el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena.
El instructor ha decidido las citaciones nada más haber sido nombrado esta mañana -de acuerdo con el turno previsto por la ley- para investigar la causa. Será Llarena quien, en su caso, decida si procede adoptar medidas cautelares -si se las pidiera el fiscal- y también todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación. La inculpación de estas personas no requiere la petición de suplicatorio a la cámara catalana de la que forman parte.
