Los Mossos d’Esquadra son una de las estructuras de Estado más valoradas por los catalanes, en especial tras su actuación en los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Aquellos días de horror vieron nacer un inaudito fervor independentista por la policía autonómica dirigida por Josep Lluís Trapero, convertido en héroe nacional de la noche al día. Ahora, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ataca directamente el prestigio de Mossos enviando a Cataluña un contingente policial, oficialmente “de apoyo” a la policía catalana, ante el temor de que se reproduzcan las “manifestaciones tumultuarias” que, a su juicio y al de la Fiscalía, se están desarrollando en Barcelona.
La decisión del ministro no solo supone poner en duda la colaboración de los Mossos, sino que al considerar las concentraciones populares convocadas por las entidades independentistas, ANC y Òmnium, como manifestaciones tumultuarias abre la puerta al delito de sedición. Dicho delito solo había sido citado por la Guardia Civil en referencia al secretario general de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové, puesto ya en libertad con cargos por el juez sin imputarle este grave supuesto delictivo. Unas horas antes, el gobierno catalán le había cesado del cargo para evitarle la sanción económica diaria (12.000 euros) impuesta por el Tribunal Constitucional. También los miembros de la Sindicatura Electoral estaban apercibidos de sanción económica y ya han presentado la renuncia al cargo, quedando el órgano de garantías electorales disuelto.
Este salto cualitativo en la apreciación del Fiscal General de las manifestaciones pacíficas, vividas en estas jornadas de protesta por la suspensión del referéndum y las detenciones de altos cargos acusados de organizar la convocatoria, todos ellos ya en libertad con cargos, van a intensificar sin duda estas concentraciones de carácter permanente en la perspectiva del largo fin de semana festivo en Barcelona con ocasión de la Mercè y va a fortalecer definitivamente el frente común de los partidos independentistas con los Comunes-Podemos y un amplio sector del catalanismo muy sensible al eslogan dominante en estos momentos: defender a la democracia y a las instituciones catalanas.
Rechazarán el refuerzo policial
El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha anunciado que va a rechazar este refuerzo policial por considerarlo innecesario y por suponer una intervención de facto de los Mossos, utilizando el artículo 38.2 de la vieja ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este artículo permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervenir en Cataluña a pesar de que las competencias de seguridad corresponden a la policía catalana. El rechazo va a ser desatendido de todas maneras, el refuerzo de policías y guardias civiles está en camino; les aguardan sus cuarteles náuticos en los barcos atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona. Hasta 6.000 nuevos agentes podrían pernoctar en estos cruceros, cifra que elevaría a 10.000 el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña.
La decisión se justifica supuestamente en los incidentes aislados producidos en la concentración del pasado miércoles ante el departamento de Economía (unos coches de la Guardia Civil sufrieron desperfectos por la acción de algunos de los manifestantes); en el retraso de los Mossos en acudir en ayuda de los guardias civiles asediados en el interior de la sede del departamento (el titular del Juzgado número 13 tuvo que llamar al Mayor Trapero para agilizar dicha intervención); y en la instrucción dada a la policía autonómica de utilizar la fuerza de forma “especialmente restrictiva”.
Este conjunto de circunstancias ha facilitado al ministerio de Interior argumentar la existencia de una cierta pasividad de los Mossos, quienes en su condición de policía judicial recibieron el encargo de la Fiscalía de hacer todo lo posible para impedir la celebración del referéndum. Esta misma semana, el ministerio fiscal les insistió en la urgencia de la misión.
¿Manifestaciones tumultuarias?
La calificación de las concentraciones populares como manifestaciones tumultuarias va más allá de la desautorización pública de los Mossos, supone también un intento de criminalización de la movilización independentista. La autodenominada revolución de las sonrisas se ha caracterizado en sus concentraciones por su tono cívico y pacífico, no habiéndose detectado ningún incidente de violencia, salvo los hechos citados. Sin embargo, en la últimas horas, el gobierno de Rajoy ha situado el punto de mira en estas imágenes y en algunas iniciativas de centros escolares en los que se ha solicitado permiso a los padres de los alumnos para suspender las clases y acudir a las concentraciones independentistas. El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado la apertura de un expediente informativo por parte de la Alta Inspección para documentar estas iniciativas, se supone que tras informar al departamento de Ensenyament de la Generalitat.
Al margen de las concentraciones masivas, en realidad convertidas en mítines permanentes retransmitidos en directo en favor de la participación en el referéndum, el ámbito municipal está resultando ser el más convulso. Mientras los alcaldes partidarios del referéndum desfilan ante los fiscales quienes les recuerdan la prohibición y las consecuencias jurídicas de colaborar con la convocatoria; los alcaldes contrarios a dicha colaboración soportan el acoso de los partidarios del 1-O. También los partidos de la oposición han denunciado haber sido objeto de daños materiales en algunos de sus locales.
La guerra del relato se va recrudecer hasta extremos desconocidos. La Cataluña asediada por tierra, mar y aire por el estado autoritario, como le gusta describir la situación al portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, contrasta con la Cataluña insurrecta y sediciosa presentada por los ministros y con especial vehemencia por la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaria. El abismo creado por los excesos políticos de unos y los judiciales-policiales de los otros, y los desplantes verbales dirigidos a sus bases sociales por todos, parece insalvable; se abre ante la mirada perpleja de los observadores internacionales y es tan profundo que el auténtico problema, la relación entre Cataluña y España, ha desaparecido en sus profundidades.
